¿Se ha cobrado ya su primera víctima política la conflictiva reforma de la atención primaria rural que está impulsando unilateralmente la consejería de Sanidad? La respuesta no es del todo clara, pero es un hecho que uno de sus principales responsables, el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, ha comunicado a la consejera, Verónica Casado, su deseo de renunciar al cargo, dicho de otra forma, su voluntad de dimitir.
Montero se habría sentido abrumado ante el aluvión de críticas que ha recibido dicha reforma, no ya por la oposición política y las plataformas ciudadanas de defensa de la Sanidad Pública, sino por el conjunto de los estamentos mas representativos de los profesionales sanitarios, desde la organización médica colegial a los principales sindicatos del sector prácticamente sin excepción.
Se da la circunstancia además de que el director general de Planificación es una “rara avis” dentro del equipo de Verónica Casado, ya que se trata del único alto cargo superviviente del staff del anterior consejero, Antonio Sáez. Desde que el pasado jueves el diario “Abc” informó sobre dicha dimisión, la consejera ha estado haciendo lo posible y lo imposible tratando de que Montero desista de esa decisión, consciente del impacto político que tendría dicha renuncia sobre el futuro de una reforma tan cuestionada.
Mientras persiste ese tira y afloja, el futuro de Montero está en una especie de nebulosa, ya que el interesado ni ha desmentido ni ha confirmado las informaciones sobre su situación. Ello indica que por el momento no ha dado marcha atrás, sin que tampoco haya añadido a su renuncia el carácter de “irreversible”.
De confirmarse esta dimisión, sería el segundo director general de la Junta que sale precipitadamente del cargo desde que se constituyó el actual gobierno de la comunidad. El primero fue el director general de Innovación y Formación del Profesorado, Bienvenido Mena, que cesó el pasado mes de septiembre después de que el grupo socialista desvelara en las Cortes que había plagiado íntegramente un artículo científico mientras desempañaba el cargo de director provincial de Educación en Salamanca, acusación que no pudo rebatir y calificó como “un error del pasado”.
Las dimisiones en esta etapa se elevarían a tres si se computa la de José María Crespo, el juez de Valladolid que, tras ser nombrado director general de Atención al Ciudadanos y Calidad de los Servicios, renunció tres días después de tomar posesión al enterarse que su nombramiento no le garantizaba su reincorporación a la misma plaza judicial el día que dejara de ser alto cargo de la Junta.
