[dropcap]E[/dropcap]n el último trimestre de 2018, momento de presentar y tramitar los Presupuestos anuales de cada comunidad autónoma, el gobierno “zombi” que entonces presidía Juan Vicente Herrera decidió incumplir esa obligación. Echó mano de una serie de excusas, tales como que los datos manejados por el ministerio de Hacienda no eran fiables o que no estaban claros los límites de déficit y endeudamiento, para justificar su decisión de prorrogar las mismas cuentas para el año siguiente, el 2019 que ahora concluye.
Pero ocurría que Herrera, al no presentarse en mayo a la reelección, tenía fecha de caducidad y debió pensar que para lo que le quedaba en el convento no le merecía la pena tamaño esfuerzo. Y si el presidente había decidido pasar de nuevos Presupuestos, no iba a ser la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que ya andaba postulándose como candidata del PP a la alcaldía de Valladolid, quien iba a tratar de convencerle de lo contrario. El resultado fue que el gobierno “zombi” aprobó el 27 de diciembre un decreto prorrogando los Presupuestos de 2018, que a fecha de hoy siguen en vigor y en vísperas de una segunda prórroga que ha de producirse antes del próximo 31. Aquellas excusas esgrimidas para dejar a Castilla y León sin unos nuevos Presupuestos en 2019 carecían por completo de fundamento. La prueba es que la mayor parte de las comunidades cumplieron con su obligación de dotarse del instrumento que fija las prioridades de gasto y las previsiones de ingresos en cualquier Administración Pública. El instrumento en el que quedan plasmados en cifras contantes y sonantes los compromisos que asume todo gobierno ante la ciudadanía.
Una omisión sin excusa posible.- El hecho de que tampoco haya nuevos Presupuestos Generales del Estado no constituye excusa alguna para dejar en suspenso los de las comunidades autónomas. Acaba de aprobar los suyos Andalucía, donde Vox ha vuelto a proporcionar al PP y Cs los votos necesarios para que salieran adelante. En los próximos días lo hará Galicia, que ya fue una de las comunidades que aprobó sin problemas los de 2018. Y la inmensa mayoría de los Parlamentos autonómicos tienen previsto hacer lo propio en las próximas semanas, registrando por cierto todas ellas incrementos presupuestarios que oscilan entre el 3 y el 5 por ciento. Y esto es lo realmente insólito: Que habiéndose constituido el pasado mes de julio un nuevo gobierno de Castilla y León, resultado del pacto de gobierno suscrito entre el PP y Ciudadanos, dicho Ejecutivo haya rehuido los deberes para iniciar 2020 con sus primeros Presupuestos propios. Más que insólito, es algo inaudito. Aparte de incumplir su obligación estatutaria, resulta absolutamente inexplicable que el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco haya pasado olímpicamente de dotarse de ese primer proyecto presupuestario propio que refleje los compromisos y prioridades del bipartito.
¿Qué motivos han llevado al gobierno Mañueco a incurrir en esta dejación de funciones? ¿Se habrá querido evitar que la negociación interna entre PP y Cs tensara la cuerda de las relaciones entre los dos partidos coaligados? ¿O será que, como los Presupuestos les obligaban a retratarse políticamente han convenido seguir prorrogando los anteriores y con ello ocultar sus planes, incurriendo en el mayor atentado que cabe infligir a la transparencia política? ¿Qué otra cosa más importante tenía que hacer la consejería de Economía y Hacienda que dirige Carlos Fernández Carriedo?Que el actual gobierno de la comunidad carecía de hoja de ruta y venía actuando a salto de mata, a impulsos como el que ha llevado a la conflictiva reforma de la atención primaria en el medio rural, era algo ya constatado. Y a falta de esa hoja de ruta hacer frente a los grandes retos de la comunidad autónoma, los Presupuestos de 2019 estaban llamados a ser la primera piedra de toque sobre el verdadero programa del gobierno bipartito.
Sea como fuera, esta injustificada carencia de Presupuestos constituye una manifiesta irresponsabilidad política, ya que causa un grave quebranto a la situación social y económica de Castilla y León. Mantiene bajo mínimos la inversión en nueva obra pública e impide implementar nuevas políticas y planes de choque para afrontar los acuciantes problemas de la comunidad, que, a lo que se ve, para la Junta no lo son tanto.
¿Qué medidas está adoptando la Junta para combatir esta sangría demográfica que nos sitúa en cabeza de la “España vaciada? Hasta ahora ni siquiera se había tomado la molestia de constituir ese comité de expertos que en el plazo de un año (punto 78 del acuerdo de gobernabilidad PP-Cs) debía realizar un diagnóstico con propuestas de solución.Y el censo, en caída libre.- Hace unos días, el INE daba a conocer el saldo vegetativo de la población durante el primer semestre de este año, en el que Castilla y León volvía a encabezar, junto a Galicia, el ranking negativo, con solo 7.077 nacimientos frente a 15.084 defunciones. Ese saldo negativo de 8.007 personas empeora el dato del mismo periodo de 2017, en el que se registraron 409 nacimientos más, y presagia la nueva caída de censo con la que cerraremos el año, que será el undécimo consecutivo perdiendo población (en los diez anteriores llevamos perdidos 165.307 habitantes, una población equivalente a la toda la provincia de Palencia).
Pero ahora resulta que el consejero de Empleo, Germán Barrios, responsable de la política demográfica, ha reconocido la obviedad de que lo que sobran son “diagnosis” y lo que hace faltan son medidas. Y dice que piensa presentar nada menos que 187, que no sabemos si serán las mismas que figuraban en la fracasada Agenda de la Población o serán de nuevo cuño, en cuyo caso toparán con el señalado problema de la carencia de Presupuestos. De la recuperación del Plan de Convergencia Interior destinado a corregir los desequilibrios territoriales internos, ya ni hablamos.
Tampoco deja de ser ciertamente sorprendente que la oposición parlamentaria no haya criticado esta escandalosa dejación de funciones en la que incurre la Junta al no presentar Presupuestos para 2020. Ni PSOE ni Podemos ni ninguna de las otras minorías del grupo mixto han exigido el cumplimiento de dicha obligación. Tan solo el secretario de UGT, Faustino Temprano, ha advertido de las negativas consecuencias que puede tener para el empleo y las políticas sociales una segunda prórroga presupuestaria tan injustificada como injustificable.Y sin nuevos Presupuestos deberá afrontar el gobierno Mañueco la asignatura pendiente de restituir la jornada de 35 horas semanales y la nueva fase del Diálogo Social (por cierto, seriamente enrarecido a causa de las fricciones surgidas entre los sindicatos y el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea). Aunque más tarde esgrimió motivos organizativos y de mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, la primera excusa de la Junta para no aplicarla en octubre fue la de que supondría un coste de entre 110 y 120 millones de euros inasumible para cumplir el límite del 0,3 por ciento de déficit fijado este año a las comunidades autónomas. La pregunta es como piensa asumir ese coste en 2020 con unos presupuestos prorrogados en un año en el que el déficit autonómico queda establecido en el cero.
