CSIF dice que 2019 es un año “perdido” para los derechos de los funcionarios de la Junta

El presidente autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y León (CSIF), Carlos Hernando, realizó este jueves un balance “muy negativo” de 2019 para los empleados públicos de la Comunidad en la recuperación de sus derechos. “Las 35 horas están en una parálisis total tras más de un año reclamándolas, el concurso abierto y permanente está también parado, los varapalos judiciales que ha sufrido la Junta día tras día hacen que esto no avance nada… Tras la Navidad iniciaremos una serie de medidas para reclamar las 35 horas, la carrera profesional, el concurso abierto y permanente y unas opes reales y efectivas”, anunció.

Por su parte, la secretaria autonómica de Acción Sindical, Raquel Fernández, recalcó que ha sido un año “totalmente perdido” y de “inactividad total” en cuanto a la recuperación de derechos que ya estaban firmados. “Lo que hasta junio era una negociación lo hemos perdido por diversas causas y nuestra situación está en el aire en muchas cuestiones laborales”, señaló.

La presidenta del sector de Educación de CSIF de Castilla y León, Isabel Madruga, aseguró que la gestión en este área ha sido “pésima” y “nefasta”, y ha derivado en “un curso perdido” mientras otras autonomías sí han logrado la recuperación de algunos derechos de sus docentes. En se sentido, explicó que hace más de un mes que solicitaron con la consejera Rocío Lucas una primera reunión formal, y lamentó que ni siquiera les haya dado respuesta a esa petición, mientras se enteran “por la prensa” de informaciones que “afectan a las condiciones sociolaborales del profesorado” que ellos representan.

Asimismo, se refirió a cuestiones como la intención del ejecutivo de retomar el plan de bilingüismo, la prórroga del plan de atención a la diversidad hasta 2022, un proyecto de innovación de desarrollo sostenible cumpliendo los objetivos de la ONU, el programa de mejora de éxito educativo, el nuevo decreto de inspección educativa que según afirmo desconocen por el momento o la “exigua” oferta de cátedras para el colectivo de educación Secundaria existente en la Comunidad.

“Pedimos negociar y las urgencias pasan por la implantación de las 35 horas y la reducción de horario lectivo. La única vía para negociar es el diálogo, pero actualmente no existe. Las mesas sectoriales el año pasado a esta fecha eran siete, y con la que tendrá lugar hoy llevaremos cuatro, la mitad del año pasado en el sector”, aseguró antes de lamentar que “no hay un reconocimiento de los políticos a la labor docente”.

También intervino en la rueda de prensa el portavoz de Sanidad, Javier Hernando, que hizo un balance “totalmente negativo” de un año “con más sombras que luces”. “En las ofertas públicas de empleo, se ha dado continuidad a las de 2017 y 2018, la categoría de médico de familia sigue radicalizada con un resultado incierto y la categoría de operario de servicios también terminará en vía judicial. La carrera profesional destapa las carencias resolutorias de la Consejería y todo avanzan muy lentamente, con la inadecuación de las plantillas orgánicas, ya que hacen falta 1.800 efectivos a mayores de los que ahora están contemplados”, resumió.

En su opinión, existen “limitaciones de facultativos en atención primaria y especializada”, y desde CSIF ven “con preocupación y escepticismo” el plan de atención primaria que pretende implantar el Ejecutivo autonómico. “No entendemos el encaje que se quiere dar a la enfermería en este nuevo plan, y el personal facultativo no apoyará su nuevo diseño de guardias y atención continuada”, denunció además de incidir en la “falta de voluntad de devolver a los trabajadores las 35 horas”.

Por su parte, Raquel Fernández, afirmó que “hasta ahora” no han apreciado “ningún acto de responsabilidad ni de buena fe” por parte de la Junta para retomar la jornada de 35 horas en los funcionarios públicos, y recordó que en 2018 se firmó un acuerdo que no se ha cumplido por el cual, si la Comunidad cumplía los objetivos del déficit y la regla de gasto, los empleados públicos tendría un 0,2 incrementado en sus nóminas en 2018 y otro 0,25 por ciento en 2019. “Ahora dicen que los fondos adicionales los quieren aprovechar para carrera profesional, y nos hemos opuesto totalmente”, sentenció.

Denuncia a De Santiago-Juárez

Por otra parte, aseguró que la sentencia que ha “tumbado” el catálogo de puestos tipo en la Administración autonómica “acarrea una serie de consecuencias tremendas”, entre las cuales citó que “ahora mismo los funcionarios de la Junta no saben en qué RPT están”. En ese sentido, Carlos Hernando confirmó que el equipo jurídico de CSIF está valorando la posibilidad de denunciar al anterior consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ya que “entienden que ha habido una inactividad y se ha ofrecido algo que sabían que no iban a poder cumplir”.