El PSOE y Unidas Podemos se comprometen a derogar totalmente la reforma laboral del PP y a revalorizar las pensiones por ley de acuerdo con el IPC real, eliminando el factor de sostenibilidad, en el acuerdo de Gobierno que firman este lunes sus respectivos líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
ICAL. Así aparece en el documento, aclarando un tema que había estado en duda y del que se están publicando ambas opciones según los medios y la fuentes: si la derogación de la reforma laboral del PP será total o sólo en sus «aspectos más lesivos».
Respecto a la intervención del mercado del alquiler, el texto pactado por PSOE y Unidas Podemos lo concreta en frenar «las subidas abusivas del alquiler permitiendo que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas en las zonas previamente declaradas tensionadas».
En cuanto al mercado eléctrico y bajada de la factura de la luz, el documento promete «los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución a las eléctricas (conocida como ‘beneficios caídos del cielo’)» y modificar la factura «con el objetivo de reducir el término fijo y así abaratarla».
Respecto a las pensiones, PSOE y Unidas Podemos prometen actualizarlas «al IPC real mediante ley de forma permanente», aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas y eliminaremos el llamado Factor de Sostenibilidad que las condicionaba al crecimiento económico.
Rentas más altas
Otros temas menos conflictivos incluidos en el programa de Gobierno de coalición son la «regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía» y «blindar que solo sí es sí» con una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación. En el acuerdo de Presupuestos de octubre de 2018, el PSOE ya se comprometió a presentar la proposición de ley de Unidas Podemos como proyecto de ley.
El programa de Gobierno pactado por PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Pedro Sánchez y la formación de un Ejecutivo de coalición incluye medidas fiscales como la subida de IRPF a las rentas superiores a 130.000 euros anuales, un tipo efectivo mínimo del 15 por ciento en el Impuesto de Sociedades, y la creación de las tasas conocidas como Google y Tobin.
Aforamiento de los políticos
El PSOE y Unidas Podemos limitarán el aforamiento de los políticos a las labores intrínsecas del ejercicio de su cargo, según el acuerdo de Gobierno de coalición firmado por los respectivos presidentes de sus grupos parlamentarios, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Así se recoge en el apartado del documento relativo a la «regeneración democrática y transparencia», donde también se comprometen a promover «acuerdos parlamentarios de consenso que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes, como en el caso del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo de Administración de Radiotelevisión.
El nuevo Gobierno de coalición promete también un Plan Nacional y una Ley integral contra la Corrupción. Se propone eliminar el plazo máximo de instrucción en las causas judicales sobre la corrupción, lo que supone modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ampliar la plantilla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Asismimo, estudiará una reforma del Código Penal, introducirá un Estatuto del denunciante y ampliará la extensión de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos.
En el mismo sentido, aprobará un registro público y obligatorio de ‘lobbies’ y sus agendas y reuniones, regulará las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos y endurecerá las sanciones por su incumplimiento.
Igualmente, se combatirán los «cárteles» en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia.
Así se refleja en el documento elaborado por ambas formaciones y que será presentado esta tarde por los líderes de ambas formaciones, que en el plano fiscal incluye las mismas medidas pactadas en el proyecto de Presupuestos de 2019 que no consiguió ser aprobado por el Congreso de los Diputados.
Exhumación de las víctimas franquistas
El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos pondrá en marcha un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y consagrará el 31 de octubre como día de recuerdo a ellas y el 8 de mayo como día de homenaje a las víctimas del exilio. Así consta en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado por los respectivos presidentes de sus grupos parlamentarios, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
En el apartado relativo a memoria histórica, ambos partidos se comprometen también a retirar la simbología franquista de los lugares públicos y a prohibir la exaltación y enaltecimiento del franquismo en lugares de acceso.
Además, estudiarán «todas las vías legales para retirar las condecoraciones y prestaciones asociadas, concedidas a personas que protagonizaron actos criminales no juzgados durante el franquismo», como el excomisario ‘Billy el Niño’; una formulación que deja abierta la posibilidad de que no se pueda llevar a cabo.
El PSOE y Unidas Podemos prometen también declarar «nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género».
Finalmente, asegura este capítulo, se auditarán «los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares, como la recuperación inmediata del Pazo de Meirás para el patrimonio público».
Derogar la Ley Mordaza
El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos aprobará «a la mayor brevedad» una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la llamada Ley Mordaza y eliminará el artículo 315.3 del Código Penal, que establece delitos de cárcel para los integrantes de piquetes en huelgas.
Así consta en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado por los respectivos presidentes de sus grupos parlamentarios, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que promete que esa nueva ley de seguridad va a «garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica», y «priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía».
Desde esa base, «regulará, entre otros, el Derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal».
En el mismo apartado, el acuerdo de programa de Gobierno incluye sus propuestas de reforma del sistema electoral: eliminar el voto rogado, imponer listas cremallera e intentar «conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema».
Además, «en el marco de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados», se abrirá «el debate sobre la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a las personas jóvenes de 16 y 17 años», una habitual reivindicación de Unidas Podemos.
La Ley de la Dependencia
PSOE y Unidas Podemos se comprometen a mejorar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia para impulsar la «reducción drástica» de las listas de espera en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución de, «al menos», un 75 por ciento a lo largo de la legislatura.
Por otra parte, ambas formaciones también se comprometen a mejorar las cuantías en el nivel mínimo y en el acordado de dependencia de modo que se realizará un «esfuerzo gradual» para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular.
A juicio de PSOE y Unidas Podemos, la financiación debe ser de «carácter finalista», mediante la recuperación de los convenios de acuerdos financieros entre Estado y comunidades autónomas que se derogaron en 2012.
En este sentido, avanzaron la realización de un estudio de las incompatibilidades entre las prestaciones del Sistema de Dependencia con el fin de eliminar aquellas que no hayan demostrado su «utilidad».
Discapacidad
De otro lado, en el capítulo 5 del texto, dedicado a nuevos derechos y memoria democrática, ambos partidos se comprometen a desarrollar la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad visual y sordociegas, para garantizar sus derechos «de manera efectiva».
Asimismo, avanzan su intención de extender a los menores de 18 con discapacidad las exenciones de copago previstas en la normativa actual y de mejorar el sistema de prestaciones por material ortoprotésico para las personas con discapacidad que lo requieran.
