CSIF reclama un acuerdo para recuperar lo perdido desde 2010

Los salarios de los funcionarios han sufrido una merma del 17%

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado reclamó este martes al Gobierno un nuevo acuerdo salarial que dé continuidad a la recuperación del poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años.

CSIF espera sentarse pronto a negociar un acuerdo de legislatura con el nuevo Gobierno que permita, por un lado, recuperar la estructura salarial previa al recorte salarial de entre el 5 y el 10 por ciento que se ejecutó en 2010 y recuperar definitivamente la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde entonces todos los empleados públicos (12,9-17,9 por ciento).

«En todo caso, hay que empezar a tener en cuenta estas premisas de cara a los presupuestos generales del Estado para este año», señala el sindicato.

Mientras tanto, CSIF ha confirmado que los diferentes departamentos ministeriales han recibido las instrucciones y las modificaciones de los programas informáticos en los que se confeccionan las nóminas para hacer efectiva esta subida en febrero. «No obstante, haremos seguimiento para confirmar que se producen los pagos en el conjunto de las administraciones sin más demoras», explica.

En este sentido, CSIF espera que las políticas en materia de Administraciones Públicas «regresen al centro de las políticas de Estado con un plan de choque sobre plantillas (en los próximos 10 años se van a jubilar 905.000 personas) y un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público y retribuciones, dado que el vigente expira este año».

Desde CSIF, tienden la mano para alcanzar acuerdos sólidos en ámbitos como la carrera profesional, evaluación del desempeño, homologación de retribuciones entre administraciones, estabilidad y mejora en la calidad del empleo, entre otras, muchas de ellas contenidas en el acuerdo de coalición alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos.

«Debemos dignificar y situar en el centro de las reformas al colectivo de empleados y empleadas públicas que, con profesionalidad y entrega, han mantenido el funcionamiento del Estado, contribuyendo a la recuperación económica y a los compromisos de estabilidad», concluye el sindicato.

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