[dropcap]S[/dropcap]i habíamos convenido que la despoblación constituye el principal problema de una comunidad como Castilla y León -la pérdida de 165.000 habitantes en la pasada década así lo avala- debemos ir haciéndonos a la idea de que el desplome demográfico va a seguir su curso sin que de momento nadie intente remediarlo.
La idea cuajó en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado en enero de 2017, donde se acordó elaborar una Estrategia Regional frente al Reto Demográfico que el gobierno de Mariano Rajoy no presentó en el plazo de un año inicialmente previsto. Tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el gobierno socialista aprobó en marzo de 2019 las directrices generales de dicha Estrategia, de la que se ha hecho cargo ahora la recién creada la Secretaría General para el Reto Demográfico adscrita a la vicepresidencia de la que es titular Teresa Ribera. Tras el simulacro de plan que supuso la Agenda de la Población aprobada en 2010, la Junta decidió tirar la toalla y desentenderse de sus obligaciones, aduciendo que, al ser un fenómeno extendido a varias comunidades, constituía un problema de Estado que debía afrontar el Gobierno de la Nación apoyándose para ello en recursos procedentes de los fondos europeos.
Los fondos europeos resultan básicos para poder acometer el Reto Demográfico, máxime cuando en España siguen prorrogados los últimos Presupuestos de 2018 y, como pronto y si es que cuenta con el apoyo parlamentario suficiente, el Gobierno Sánchez no dispondrá de unos propios hasta el próximo verano. Entretanto, la principal expectativa radica en el acuerdo europeo de destinar “al menos el 5% de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional disponibles a nivel nacional al desarrollo territorial integrado en áreas no urbanas con desventajas naturales, geográficas o demográficas que tienen dificultades para acceder a los servicios básicos”.
Además de eso, y de dejar caer que hay que aprovecharse de las “mejores prácticas” puestas en marcha en países como Irlanda, Francia y Bélgica, la vicepresidenta recordó la merma presupuestaria que sufrirá el marco europeo 2021-27 tras la salida del Reino Unido (en el caso de los Fondos de Cohesión, se habla de un recorte del 12 por ciento).Una visita muy reveladora.- En esta tesitura, la visita realizada la pasada semana a Castilla y León por la vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía, la conservadora croata Dubravka Suica, ha resultado todo un jarro de agua fría. Tras reunirse en la sede de la Junta tanto con el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como con el vicepresidente, Francisco Igea, Suica dejó más incertidumbres que certezas acerca de los recursos europeos destinados específicamente al “reto demográfico”. “Hay que abordar el problema de forma personalizada en cada Estado y región, no debe ser café para todos”, advirtió de entrada.
Suica tampoco fue nada explícita sobre la aportación europea a la “transición justa” comprometida con las regiones descarbonizadas, línea específica para fomentar empleo alternativo que retenga población en las comarcas mineras.
Sin nuevos Presupuestos que permitan llevarla a la práctica, la Estrategia frente al Reto Demográfico seguirá siendo papel mojado. Y hoy por hoy, el marco presupuestario europeo 2021-2027 está por determinar y ni el Gobierno de España ni la Junta de Castilla y León dispondrán de nuevos Presupuestos hasta el verano. (El consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se ha dignado anunciar que en marzo llevará a las Cortes la propuesta sobre el nuevo techo de gasto, que debía haberse aprobado en septiembre pasado). En principio, se han cifrado en 307 millones de euros los asignados a España dentro de ese fondo especial, cuantía a distribuir entre Castilla y León, Asturias y Aragón. Casi calderilla si se compara con los
astronómicos fondos dilapidados en las cuencas mineras cuando todavía estaban en producción.
Eramos pocos y estalla el campo.- Y en medio de esta exasperante pasividad, ha estallado la revuelta del campo, el hartazgo de los agricultores y ganaderos sometidos a la tiranía de una cadena alimentaria que les obliga a vender sin apenas margen o incluso por debajo de sus costes de producción. Los tractores han vuelto a invadir las ciudades ante una crisis endémica que puede derivar en una especie de tormenta perfecta si se confirman las negras previsiones sobre la Política Agraria Común, cuyas subvenciones han venido paliando una falta de rentabilidad que en 2019 se tradujo, según datos del propio ministerio de Agricultura, en una caída la renta agraria nacional del 8,6 por ciento.
Los Fondos destinados a la PAC se reducirían globalmente en un 13,9 por ciento, lo que supondría un recorte del 10,1 por ciento en las subvenciones directas a los agricultores y de más de un 25 en los programas de desarrollo rural del Feader. Unos recortes que, de confirmarse, no contribuirán precisamente a fijar población en el medio rural, cuyo principal sostén no es otro, aunque a veces se olvida, que las explotaciones agrícolas y ganaderas. El último escenario que maneja el presidente del Consejo Europeo para el periodo 2021-2027 no puede ser más preocupante.
Tras la revuelta de la España vaciada, se produjo la ilusión óptica de que las Administraciones se iban a volcar por fin en combatir la despoblación rural. De momento, podemos esperar sentados.
