Castilla y León vuelve a estar a la cabeza de las comunidades autónomas por la gestión que hace de la atención a la dependencia, con una nota de 9,29 sobre 10, frente al 4,86 de la media de España. Una calificación que viene marcada por la plena atención de las personas dependientes y la eliminación de las listas de espera. No en vano, a 31 de diciembre de 2019, solo había un 1,5 por ciento de personas pendientes de recibir la prestación frente al 19,5 por ciento del conjunto del país.
El último dictamen del Observatorio para la Dependencia, que elabora cada año la Asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales y que alcanza en esta ocasión su edición número 20, subraya que Castilla y León atiende a 104.776 beneficiarios, de los que 11.402 se incorporaron al sistema el año pasado.
Además, el documento pone de manifiesto que la Comunidad es la que más empleo crea vinculado a la dependencia, con 32.558 puestos de trabajo directos, con un incremento este último año de 3.937 nuevos empleos. El documento recoge que el de la dependencia es uno de los sectores de actividad económica y de generación de empleo más potentes en el sector servicios, un sector que de media en España genera más de 37 empleos directos, estables y no deslocalizables por cada millón de euros de gasto público. En el caso de Castilla y León, es muy superior, al ser 53 por cada millón de gasto público.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, relacionó estos datos con el Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales como instrumento de colaboración entre la administración autonómica y las 24 corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales (ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales) para la financiación de los mismos, que han de llevarse a cabo por las entidades locales. En este sentido, valoró un modelo que prima la proximidad de los profesionales a los usuarios y se evitan duplicidades.
Además, manifestó que la Comunidad es la que tiene un porcentaje más alto de personas beneficiarias sobre el total de la población potencialmente dependiente (los mayores de 65 años y los menores de esta edad con discapacidad). En concreto, un 15,1 frente al 10,3 por ciento de la media nacional, con un gasto público por persona potencialmente dependiente de 886,75 euros el cuarto territorio que más destina y muy superior a la media nacional (664 euros).
Retorno
El presidente de la Asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, explicó a Ical que Castilla y León presenta la tasa de retorno de empleo más alta de España generando 53 empleos por cada millón de euros invertidos por la administración en dependencia. Unos empleos que, precisó, son “directos, estables y no deslocalizables”. Es por eso que estimó que la Comunidad “está desarrollando un sistema de atención a la dependencia descentralizado con los ayuntamientos, diputaciones y generando resultados muy eficientes”.
En el lado negativo, Ramírez situó la escasa cuantía de las prestaciones económicas de los cuidados familiares. De ahí que demandara un incremento del presupuesto para el nivel mínimo de financiación, “y utilicen el dinero para recuperar los recortes que se hicieron de manera inmisericorde con las prestaciones económicas de los cuidadores familiares de 2012, para que vuelvan a tener las cuantías de entonces, que se recortaron más del 15 por ciento”.
No obstante, destacó que el caso de Castilla y León es prácticamente la excepción en la “casi atención plena” porque el informe confirma que en 2019 la dependencia “se para”. Según informó Ramírez, el saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera, que ya alcanza las 266.000 personas en el conjunto del país, a los que habría que añadir los 160.000 expedientes que están pendientes de valoración, y que son 30.000 más que hace un año. El presidente de la asociación puso el acento en que el 42 por ciento de las personas que está desatendida, y teniendo derecho a ello, es gran dependiente con grados II y III.
A eso añadió que las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, “a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia”. En este sentido, llamó a recuperar los “recortes inmisericordes” que se dieron en 2012 y que desde entonces han supuesto una merma de 5.800 millones de euros para la dependencia. Consideró que, solo en 2019, la cifra que se ha dejado de invertir en esta área asciende a los 459 millones de euros, por lo que lanzó una crítica al actual Ejecutivo reclamando dejarnos de “discursos progresistas cuando estamos con presupuestos de Montoro”.
Ramírez alertó que 2019 fue el año en que se inicia la fase de ralentización del sistema mientras que en 2020 puede continuar la ralentización o iniciar una fase de despegue. “Si el Gobierno de España retrasa el incremento del nivel mínimo de financiación a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no tendrá capacidad para gestionar esos 459 millones y dejarán a los 270.000 dependientes que están en las listas de espera sin las atenciones que requieren por derecho”, apuntó José Manuel Ramírez.
Un aviso que acompañó explicando que teniendo en cuenta el número de personas que están en lista de espera y el ritmo al que crece el número de beneficiarios “se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención”, y eso “bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes”. Ramírez recalcó que, como consecuencia, resulta “especialmente doloroso” el hecho de que se produzcan 85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos.
Es por eso que reclamó el pago de esas prestaciones, que rechazó llamar ayudas porque son “derechos” a los que deberían tener acceso estas personas, por lo que los gobiernos que niegan su prestación son “gobiernos insumisos”, declaró.
El presidente de la organización aseguró que pondrán todo su empeño en “intentar por todos los medios” que el Gobierno central incremente el nivel mínimo de inversión en Dependencia para “atender a los más vulnerables” de este país, subrayando que “los dependientes no tienen más tiempo”.
Reparto de fondos
En este sentido, Blanco señaló que el informe pone de manifiesto que el reparto de la carga económica para financiar el Sistema de Dependencia debería ser similar entre la Administración de General del Estado y las comunidades autónomas. En 2019, el Estado solo aportó el 22 por ciento mientras que el resto (474 millones) corrió a cargo de la Junta.
