La consejera de Educación, Rocío Lucas, garantizó este martes que la Junta de Castilla y León seguirá avanzando en la universalización de la educación infantil de cero a tres años “al margen de lo que haga el Ministerio”, aunque condicionó el “ritmo”de su desarrollo a la “generosidad o tibieza” presupuestaria del Gobierno central. “Pondremos de nuestra parte para que sea una etapa de éxito en Castilla y León”, un objetivo que, al igual que en otras etapas educativas, es para la Junta un objetivo “irrenunciable”.
Así lo declaró Lucas durante la sesión de control al Ejecutivo en el pleno de las Cortes, donde respondió a la procuradora socialista Consolación Pablos, que pidió conocer el presupuesto que se destinará a esta etapa educativa, ante lo que la consejera recordó que aún no se dispone de presupuestos en la Comunidad. “Estamos elaborando presupuestos y tendrán ocasión de aportar lo que estimen oportuno”, invitó Rocío Lucas.
La consejera de Educación aclaró que el Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a una nueva normativa en la que también se incluirá una modificación en el caso de la educación infantil. “Se da un plazo de ocho años para llegar a un acuerdo con las comunidades para ver cómo se aborda la educación infantil y ustedes hablan de un año, parece un chiste lo que piden”, añadió Lucas.
Para la consejera, será importante conocer previamente la modificación legislativa antes de tomar decisiones al respecto. También instó a analizar las competencias de las comunidades “antes de actuar”, aunque avanzó que la Junta estará “sigilosa y vigilante” a la financiación que llegue del Gobierno a la hora de presupuestar para esta etapa educativa, sentenció.
Por su parte, la procuradora socialista Consolación Pablos consideró que la falta de presupuestos “no significa no tener prioridades”, y lamentó el “enredo” que supone hablar de educación infantil de cero a tres años, lo que lleva en muchos casos a tener que recurrir a la Consejería de Familia y no a la de Educación, lo que ha dado lugar “más que a un modelo, a un desbarajuste”.
Dado que el PP “no se ha creído la importancia educativa de esta etapa” y la mantiene “en un nivel asistencial”, Pablos pidió que se tome como ejemplo a comunidades como Madrid, que el año pasado presupuestó 50 millones de euros para avanzar en la universalización y gratuidad de este periodo educativo. “Tienen que priorizarlo y asumir las competencias que ahora hacen que cumplan los ayuntamientos”, reclamó.