Las Cortes de Castilla y León aprobaron este miércoles con los votos de PP y Ciudadanos fijar el límite de gasto no financiero para 2020 en los 10.167 millones de euros, el más elevado desde que se calcula esta magnitud y que servirá de base para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el presente ejercicio, que el Ejecutivo autonómico espera presentar en primavera.
En el pleno, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, expuso a la cámara el acuerdo de la Junta, que contó con el rechazó del PSOE y Podemos y la abstención de UPL, Por Ávila y Vox, pese a que advirtió de que es la “base fundamental” del nuevo presupuesto que se elabora con el objetivo de garantizar los servicios públicos, contribuir al crecimiento y ratificar el compromiso con el mundo rural.
Sin embargo, la socialista Rosa Rubio cuestionó los cálculos de la Junta y negó el apoyo de su grupo a sus “desmanes económicos”. En su exposición comparó el presupuesto con una “balanza” que debe estar “equilibrada”, si bien señaló que en Castilla y León está inclinada al lado de los gastos, por contar con menos ingresos. Esto, dijo, genera déficit público, por lo que consideró una “irresponsabilidad” bajar impuestos.
Además, Rubio explicó que la capacidad para financiarse de Castilla y León es “escasa”, pues apuntó que solo que representa el diez por ciento del total, y añadió que se presupuestan ingresos por tributos que no llegaron y fondos europeos que “no aparecieron”. Esto, denunció, provocó que se dejaran de invertir fondos en empleo, vivienda o I+D+i. “Un presupuesto es un contrato con la ciudadanía”, reiteró.
“Castilla y León se desangra”, dijo por la pérdida de empleo y de población, por lo que dudó de que con menos crecimiento sea posible generar el empleo que prevé la Junta. “No hemos visto ni una sola medida fiscal o económica para el mundo rural”, añadió, al tiempo que recordó los incumplimientos con la función pública.
Por su parte, el ‘popular’ Salvador Cruz aseguró que es el “mejor” techo de gasto presentado en el Parlamento autonómico y garantizó que las políticas prioritarias volverán a ser los servicios públicos, el crecimiento y el empleo, en un escenario de desaceleración económica, en el que advirtió tienen impacto las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y su “infierno fiscal”.
Cruz lamentó que la procuradora socialista defienda el modelo de financiación, que todos los grupos consideraban malos, aunque las entregas a cuenta vayan a crecer este año, porque recordó lo han hecho forma sistemática en los últimos años.
Además, aseguró que la reforma del Impuesto se Sucesiones y Donaciones beneficia al mundo rural. También defendió el cumplimiento de las previsiones de ingresos y gastos y aseguró que los datos del Ministerio de Hacienda demuestran que Asturias o Extremadura presentan un menor porcentaje de ejecución que Castilla y León.
También el procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo reivindicó la necesidad de contar con unos presupuestos para hacer crecer la economía y mejorar los datos del empleo. “La economía seguirá creciendo y no por ustedes, sino por la política de PP y Cs”, dijo. Por ello, defendió la reducción de la carga fiscal, sin olvidar la estabilidad presupuestaria, aunque aprovechó para reclamar el IVA pendiente.
Frente a la “incertidumbre” y la “inestabilidad” que dijo muestra el Gobierno, la Comunidad pretende dar un “respiro” para seguir avanzando en el desarrollo servicios e inversiones reales. Además, advirtió de lo que les “viene” a los ciudadanos, por la subida de impuestos.
Finalmente, el procurador de Vox, Jesús García-Conde, puso el acento en el destino de los fondos y advirtió de la existencia de facturas pendientes, especialmente, del sector sanitario, por lo que pidió transparencia.
590 millones más
El techo de gasto de 10.167,59 millones, 590,12 más que el previsto en el presupuesto de 2018, se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene –10.018,62 millones de euros, el 7,16 por ciento más que en el presupuesto de 2018– y de los recursos asociados al objetivo de déficit, que está fijado en el 0,2 por ciento del PIB y equivale a 124,1 millones. A la cantidad obtenida se le añade 24,87 millones como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.
Al respecto, Fernández Carriedo precisó que no se han incorporado por “prudencia” las cantidades pendientes del IVA de 2017 -142 millones-. “Nos parece algo que ya reclamó las Cortes y que demuestra la insensibilidad del Gobierno”, sentenció.
En relación al déficit del 0,2 por ciento del PIB, el consejero aseguró que no satisface la deuda del Gobierno con las comunidades y criticó que su reparto no esté equilibrado porque el Estado se reserva el 1,6 por ciento -1,1 por ciento de la Seguridad y el 0,5 por ciento para la Administración General del Estado-.
Sobre el escenario macroeconómico, el titular de Hacienda destacó que Castilla y León seguirá creciendo y creando empleo, aunque admitió que las expectativas para este ejercicio son las “peores” desde que comenzó la recuperación económica, puesto que el ritmo de avance, del 1,6 por ciento, es el más bajo desde entonces. Además, se ha computado sobre la previsión de una tasa de paro que se reduce hasta el 10,8 por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 0,8 por ciento, con la creación de 7.000 nuevos empleos
