La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclamó este miércoles al Gobierno que se dote de plenas garantías sanitarias a los empleados públicos y trabajadores de la empresa privada que en los próximos días se van a reincorporar de manera presencial a sus puestos de trabajo. Además, consideró que el plan de desescalada anunciado ayer, tal y como reconoce el Ejecutivo, no ofrece certezas sobre la evolución del coronavirus, por lo que “se debería de estar preparados para una posible oleada de nuevos contagios”.
En este sentido, desde CSIF plantearon analizar los recursos humanos de las administraciones públicas para que puedan responder a las necesidades de la ciudadanía ante cualquier eventualidad en la evolución del virus.
“No podemos repetir los mismos errores y por tanto, debemos reforzar sectores estratégicos, empezando por la Sanidad, Servicios Sociales, pero también Administración General del Estado, Educación, Ciencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, dijo.
Las últimas cifras de la EPA indican que, durante los primeros meses del año, – coincidiendo con la llegada del coronavirus y posterior propagación—España prescindió de más de 34.000 puestos de trabajo en las actividades sanitarias y residencias, tanto en el ámbito público como en el privado, según el sindicato.
“Esto no puede volver a ocurrir y ya estamos viendo que comunidades autónomas se están planteando prescindir de los refuerzos contratados estos meses en la sanidad”, dijo.
Además, durante los últimos años, en opinión de CSIF, se ha desmantelado el Estado del Bienestar, por lo que el refuerzo de estos sectores también puede ser un estímulo económico para la creación de empleo de calidad que redunde en el bienestar de los ciudadanos.
Desde CSIF exigieron que se dote de equipos de protección para todos los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo como en los desplazamientos, así como la realización de test masivos a todo el personal, incluidos los asintomáticos, y una desinfección regular de los centros de trabajo. La que Los planes de reincorporación en la Administración General del Estado o en la Justicia, con gran afluencia de personas, tiene “serias carencias”.
En este sentido, abogó por establecer prioridades y realizar pruebas a la población más vulnerable, al personal de la sanidad y a los profesionales de las administraciones públicas en general.
