El secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, confirmó este lunes que existe consenso político para que la desescalada se inicie en las zonas básicas de salud con cero casos en siete días, ámbito inferior a la propuesta de la provincia que defiende el Gobierno central, siempre que se garantice la salud y se cumplan todos los requisitos.
En una rueda de prensa telemática después de la reunión de la permanente de la ejecutiva autonómica, Tudanca afirmó que ha respaldado la posición de la Junta sobre la vuelta a la normalidad en zonas rurales sin contagios y añadió que también ha hablado con el Gobierno y ha trasladado su apoyo a una desescalada inferior a la provincia.
Cuando hoy el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha presentado una desescalada a partir del 11 de mayo para 26 zonas verdes, con una población de 53.500 personas, excepto de Segovia, el dirigente socialista valoró que se haga así, pero recalcó que desde la prudencia, cumpliendo los requisitos de Sanidad y con la coordinación del Gobierno. “No puede ser un sálvese quién pueda”, subrayó.
“Es positivo y posible”, definió en relación a la vuelta a la normalidad por zonas sin contagios en 14 días, pero recalcó que desde la coordinación y el mando único del Gobierno y añadió que la Junta “hace lo que debe” al realizar su propuesta al Ejecutivo central, aunque remarcó que la decisión única corresponde a éste.
La Junta
Una desescalada sin «pasos en falso» y en la que las comunidades autónomas tengan competencias para adoptar medidas rápidas, ya que el «altísimo ritmo reproductivo» del coronavirus obliga a tomar decisiones ágiles y pegadas al territorio. También, que se rija bajo los principios de prudencia y re-escaldado, y que pueda plantearse con el criterio geográfico de la zona básica de salud, teniendo en cuenta que, entre otras ventajas, aporta la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad. Asimismo, porque «La España vaciada no puede ser, además, la España confinada».
Esta es la esencia de la propuesta que hará la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para la transición a la nueva normalidad, y que enviará una vez que conozca los criterios epidemiológicos y sanitarios que no contempla la propuesta nacional actual y que espera conocer esta tarde, tras una nueva reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Así lo explicó este lunes el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que compareció junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa diaria para informar sobre la situación del COVID-19 en Castilla y León, que mantuvo que la propuesta llegará en tiempo y forma al Gobierno central antes de las 14 horas de este miércoles, 6 de mayo, a expensas de resolver dudas sobre los indicadores de vigilancia epidemiológica y sanitarios y estándares, ya que a día de hoy sólo se ha fijado que las comunidades deben garantizar 1,5 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.
Es más, precisó, con estos criterios, que implicarían que el sistema sanitario autonómico contara con 2.000 camas, ninguna provincia de la Comunidad podría entrar en fase 1. «La estrategia no puede ser sólo si se está en condiciones de parar la avalancha, sino al menos de intentar evitarla», precisó Igea, para recordar que en Castilla y León nunca ha faltado una cama, ni en los momentos en los que el sistema ha estado más tensionado. «Los números no se corresponden con la realidad».
Gradual
«Queremos una desescalada gradual, progresiva y segura, para evitar lo que ha ocurrido», hay que recordar «la angustia que no se ha de volver a repetir por fata de precaución» en las medidas, por lo que los más sensato es «ir a una estrategia gradual, y con indicadores para el re-escalado para decidir cuándo parar y cuándo ir para atrás», reiteró, e insistió en que no puede ser una estrategia que ponga en el ámbito político las decisiones, ni porque una quiera ir más rápido o mas lento». No debe obedecer a un criterio político, sino de seguridad de nuestros conciudadanos», sentenció.
