La consejera de Sanidad, Verónica Casado, estimó este martes que Castilla y León podría recibir entre 350 y 400 millones de euros del fondo no reembolsable de 16.000 millones creado por el Gobierno para ayudar a las autonomías, donde los criterios de distribución pasan por los hospitalizados (25 por ciento), ingresados en UCI (35 por ciento), y el el 40 por ciento restante en función de casos de Covid-19 confirmados por PCR y por población.
A juicio de la consejera, hubiera sido mejor primar el número de casos y fijarse en la Atención Primaria, que ha sido capaz de contener al 80 por ciento de los pacientes en sus casas para evitar colapsar las ucis y el sistema sanitario, cuando hay que pensar, además, que a partir de ahora la Atención Primaria va a jugar un papel vital, así como la salud pública, en la vigilancia epidemiológica y detección y aislamientos de casos. Por ello, el Gobierno debería tener una visión «proyectiva», a futuro, y no retrospectiva.
Por otro lado, respecto a las necesidades de recursos humanos, la consejera explicó en su comparecencia diaria para informar sobre la situación del COVID-19 en la Comunidad que una de las prioridades de la Junta han sido los profesionales, tanto desde el punto de vista de la protección, como de la planificación. Así, su departamento trabaja ya en una plan de recursos humanos que compatibilice con el plan de desescalada de los hospitales para conocer las necesidades en función de los centros, servicios, y de las previsiones de reincorporación de los sanitarios.
«No puedo decir ni dónde ni cuándo, lo tenemos que organizar muy bien, porque también somos responsables de la gestión de dinero público y lo tenemos que hacer lo mejor posible en función de las necesidades», puntualizó.
En cuanto a las cifras de profesionales contagiados, Casado explicó que Castilla y León es de las que arroja unas tasas más bajas, con 3.028 sanitarios que se ha infectado, algo que se debe a que la protección les ha «traído de cabeza» y se ha convertido «en casi una obsesión» antes y durante la declaración del estado de alarma. No en vano, en lo que va de crisis, la Consjería se ha gastado más de 40 millones en EPIS, a los que se unen otros 50 en previsión hasta finales de año.
Junto a estos 90 millones, la Junta lleva invertidos también otros cinco en alta tecnología, y en capital humano se ha gastado más 21 millones más que hace un año en nóminas durante los meses de marzo y abril.
