Las fiscalías de la Comunidad archivaron seis de las 16 investigaciones penales sobre residencias de ancianos por presuntas irregularidades en la atención a los usuarios o por fallecimientos de residentes a causa del covid-19. De este modo, mantiene abiertas una decena de asuntos, además de otras 19 actuaciones civiles por denuncias de familiares y trabajadores, de las que una ha sido archivada en los últimos días. En España, la Fiscalía General del Estado mantiene un total de 143 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia en estos centros. El mayor número de diligencias se concentra en Madrid, donde hay 61 abiertas, y en Cataluña, con 25.
Los datos compilados por las fiscalías provinciales hacen el recuento de diligencias abiertas hasta el pasado día 5 de mayo. Según esta última actualización, el ministerio público tiene en marcha 33 investigaciones más que la pasada semana, en que las residencias investigadas ascendían a 110.
Además de las diligencias e investigaciones por la vía penal, la Fiscalía también mantiene activa su labor de supervisión en torno al estado en que se encuentran los ancianos o personas discapacitadas en las residencias con más un total de 176 diligencias y expedientes abiertos por la vía civil.
Los datos ofrecidos por la Fiscalía se distribuyen en tres bloques: las diligencias civiles y tuitivas cuya información ha sido recabada por el Fiscal de Sala Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales; las diligencias penales, para los casos en los que se haya podido incurrir en algún delito; y las judiciales incoadas hasta el momento por distintos juzgados.
Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (14); Castilla y León (10); Galicia (12); Extremadura (4); Baleares (1); La Rioja (1); Aragón (3); Canarias (2), Cantabria (1) y Comunidad Valenciana (1).
Familias y trabajadores
El número de diligencias se ha incrementado en las últimas semanas como consecuencia principalmente de las denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de estos centros, así como por las presentadas por representantes políticos. Del total de investigaciones penales abiertas una docena de ellas están ya judicializadas, de las que cinco corresponden a Madrid y cinco a Cataluña.
Entre los datos remitidos por la Fiscalía figuran el número de diligencias que se han efectuado y ya han resultado archivadas aquellas otras que han pasado a manos de un juzgado que se encarga ya de la instrucción.
Además, la Fiscalía tiene un total de 176 actuaciones de índole civil y tuitiva abiertas para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores, tramitadas como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales, preferentemente. La red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales son las que están en contacto con las autoridades sanitarias para ejercer esta tutela en las residencias de mayores.
En concreto hay contabilizadas un total de 78 actuaciones civiles abiertas en Cataluña, 19 en Castilla y León, (una archivada), 17 en Galicia (tres archivadas), 14 en Andalucía, 14 en Comunidad Valenciana, ocho en Extremadura (tres archivadas), ocho en Castilla-La Mancha (tres pendientes de archivo), cuatro en Aragón, otras cuatro en Madrid, tres en Cantabria, tres en Canarias (una archivada), una en La Rioja, una en Murcia, una en Navarra y una en País Vasco. Con un total de 11 archivadas hasta el momento.
En España hay alrededor de cerca de 5.450 residencias, entre públicas y privadas. En la gran mayoría de ellas ha intervenido la UME en tareas de desinfección durante el estado de alarma. Fue precisamente la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que alertó en una entrevista del hallazgo de varios cadáveres en residencias que permanecían en sus camas junto a los residentes vivos.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que ante la “gravedad» de los hechos denunciados decidió la apertura de una investigación y la designación del fiscal Dolz como instructor para “facilitar” la obtención urgente y centralizada de los datos que pudieran dar lugar a una investigación.
