La Junta de Castilla y León no contempla un plan B ni otro escenario que no sea la aceptación por parte del Ministerio de Sanidad de su propuesta de desescalada para 26 zonas básicas de salud rurales con cero casos el próximo 11 de mayo, en vez de por provincias, aunque en próximas semanas se avanzará en una “estrategia más ambiciosa” y flexible en función de la incidencia acumulada en 14 días, aún por valorar.
El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, explicó en la rueda de prensa telemática que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha comprometido a no ir más allá en las propuestas que realicen los gobiernos autonómicos en base a la cogobernanza, por lo que creen que «se va a respetar” en la reunión con el ministerio.
Igea, que defendió que existe unanimidad entre los miembros del Consejo de Gobierno para la desescalada en zonas rurales, argumentó que la propuesta de la Junta trata de que “no se den pasos falsos” y avanzó que será “más ambiciosa” en caso de que exista una buena evolución en cada zona, de manera que se flexibilizaría a zonas urbanas la estrategia en función no tanto de nuevos contagios, sino de la evolución acumulada.
De hecho, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, precisó que plantearán al Ministerio de Sanidad que cada semana se pueda hacer una evaluación de la situación en Castilla y León para incorporar nuevas zonas básicas de salud a la fase 1, sin tener que esperar a los 15 días que ha fijado el Gobierno como la duración mínima de cada etapa. Además, reconoció que la comarca del Bierzo (León) podría dar ese paso a la vez si se cumplen los criterios epidemiológicos y sanitarios.
El vicepresidente de la Junta tiró de gráficos del número de nuevos casos y de mortalidad para defender su propuesta y para criticar que se pueda tratar a todas las provincias por igual, a la vez que insistió en que primen los criterios sanitarios y epidemiológicos, aunque sí calificó de “irresponsabilidad” que para pasar de fase no se concreten unas tasas de infección o ingresos, entre otras.
Comparó en la gráfica la semana entre el 9 al 15 de marzo y la actual con entre 350 y más de 400 casos nuevos en Castilla y León para asegurar que en la primera semana de marzo no se tomó ninguna medida, cuando la Comunidad pidió que se adelantara la declaración del estado de alarma. “Un retraso en marzo provocó miles de muertos”, aseveró.
Responsabilidad
Igea criticó que el plan de Sanidad sea que se pase de fase si se tienen recursos (Uci y camas en hospitales) para un rebrote y consideró que, con ese argumento, “se hace responsable” a quién realiza la solicitud, si bien sí vio “sorprendente” que todas las comunidades hayan pedido avanzar en todas sus provincias, excepto Castilla y León y Cataluña.
Según explicó, Castilla y León no entra en ese juego, tras criticar que no se conozcan los nombres de los expertos de Sanidad que analizan las propuestas de desescalada de cada comunidad, y advirtió de que, si el Gobierno no pone los indicadores, la Junta si lo hará en su comité técnico de expertos. “No vamos a ocultar la responsabilidad de la Junta”, razonó.
Igea manifestó que no se entiende que no exista una responsabilidad moral, junto a los criterios sanitarios y epidemilógicos y aseguró que, en este momento, existe en Castilla y León material de reserva para la desescalada.
Por último, se mostró convencido de que los ciudadanos valoran la «prudencia» de la Junta y recalcó que lo que más les preocupa es que la «curva no vuelva a crecer», a la vez que reconoció que desde sectores económicos les piden que se avance en la desescalada pero concluyó en que se guían por la salud de las personas.
