Uno de los efectos perniciosos que puede tener la crisis COVID-19, es que miles de trabajadores que habitualmente no tienen obligación de realizar la declaración de hacienda, en el año 2021 para los ingresos de 2020 sí la tengan que realizar al tener dos pagadores, su empresa habitual y el Servicio Público de Empleo Estatal, al haber estado incursos en ERTE por causa de la pandemia.
Esta situación habitualmente concluye con que economías domésticas precarias que por ese motivo están exentas de realizar la declaración, en esta ocasión no lo estén. Lo normal en estos casos es que el segundo pagador no tenga datos concretos del primero y efectúe retenciones “bajas”, como si fuese pagador único, lo que suele derivar en la mayoría de los casos en declaraciones de renta positivas “a pagar”, para familias que normalmente no hubiesen tenido obligación de realizar la declaración de hacienda.
Es por ello que, para evitar un castigo innecesario sobrevenido, CSIF ha pedido a la Ministra de Hacienda que se considere renta exenta de tributación a las prestaciones de desempleo percibidas por los trabajadores por causa del COVID-19.
