Ana Suárez pide que el ingreso vital vaya para los afectados por ERTE y los autónomos

La primera teniente de alcalde y concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, (que gana 66.000 euros al año) criticó este martes que el ingreso mínimo vital que aprobará el Gobierno de España “no va a cubrir a las auténticas víctimas de la crisis” derivada de la expansión del coronavirus COVID-19.

En rueda de prensa telemática, Suárez aseguró que “con el planteamiento que se está conociendo a través de los medios de comunicación”, la ayuda que aprobará el Gobierno “será ineficaz para las víctimas económicas de esta crisis” puesto que “va a cubrir una parcela de ayudas que ya está cubierta” mientras “deja de lado a los verdaderos damnificados de la crisis”.

En ese sentido, Suárez apunta que, en Comunidades Autónomas como Castilla y León, donde existe una renta garantizada de ciudadanía “para trabajar con las personas en situación de extrema pobreza”, se va a “cubrir un colectivo que ya está cubierto” mientras deja de lado a “colectivos que han pasado a engrosar las cifras de necesidad de ayuda social”, entre los que incluyó a “los afectados por ERTE y los autónomos que han cesado su actividad o han tenido una reducción significativa de sus ingresos”. Lo que obvia la concejala es que estos colectivos tienen ya ingresos públicos (otra cosa es que hayan llegado tarde en algunos casos que es lo que puede haber asfixiado a algunas familias), salvo los autónomos que no han solicitado el cese de su actividad.

“Todo ese colectivo ha tenido una reducción sustancial de los ingresos pero no va a llegar a los máximos del ingreso mínimo vital, tal y como se está anunciando desde los medios de comunicación”, insistió Ana Suárez, por lo que reclamó al Gobierno que se replantee las condiciones porque “es una medida muy importante si es gestionada de la manera oportuna, pero tal y como se plantea, deja fuera a las víctimas de esta crisis, que cada vez son más y con peores perspectivas”.

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades cifró en 1.300 las personas que en Salamanca son beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, que en su opinión no ingresarían el ingreso mínimo vital puesto que “ya ingresan la renta garantizada y no serían beneficiarias”, y elevó a 6.000 personas las que en la capital salmantina han acudido a los servicios sociales durante los dos últimos meses, «más del doble que el año pasado en un periodo similar».

Además, criticó que toda esta información se sepa por la prensa cuando «se dice que se va a tramitar por las entidades locales y que se va a empezar a solicitar en junio», por lo que reclamó al Gobierno “indicaciones y el personal suficiente” porque “previsiblemente, habrá mucha demanda, se cumplan o no los requisitos”.

Además, tampoco consideró justo que, ante la posibilidad de que quien recibe la renta garantizada de ciudadanía no pueda disponer del ingreso mínimo vital, haya un claro desajuste en las cantidades destinadas a cada Comunidad Autónoma, puesto que “no se debería castigar a las regiones que se han esforzado por ofrecer a sus ciudadanos una ayuda para salir adelante”. “Sería una perversión del sistema”, concluyó.

País paralizado

“Tenemos que determinar si queremos una sociedad asustada o una responsable y madura, que conozca toda la información y, en base a eso, la asuma y se pueda seguir hacia adelante”, puesto que el de ahora es un momento en el que “toca volver a poner en marcha un país y el esfuerzo de todos es importante para hacerlo”.

En ese sentido, también invitó a los dirigentes a “ser racionales para ver que si los datos nos indican un camino que no parecía el adecuado, no pase nada por reconocerlo y cambiar”. “Seamos flexibles para entender esa información y adaptarla a lo que demanda la situación actual”, explicó Suárez, en referencia a que “la salida de los niños y, posteriormente, de los adultos, que pensábamos que iba a suponer un rebrote, no ha sido tal y el número de personas contagiadas y fallecidas sigue descendiendo”.

Es por ello que la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca también consideró necesario que se dé “el motivo de la petición de la prórroga del estado de alarma para aproximadamente 30 días”, considerando que “si se trata de un cheque en blanco para que el Gobierno pueda tomar decisiones arbitrarias, sería un gran error apoyarlo”.

Manifestaciones

En cuanto a las manifestaciones que en los últimos días se vienen produciendo en las calles de Salamanca en contra de las decisiones del Gobierno durante el estado de alarma, Suárez recordó que “todos los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse y expresarse”, pero consideró que sería conveniente “que encuentren otra vía para hacerlo para evitar propagar el contagio”, de cara a que “se sigan cumpliendo las normas sanitarias y la prudencia siga imperando”.