El incremento de expedientes individuales recibidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Castilla y León quintuplica el número de hace un año en el mes de abril por la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), según informó el sindicato CSIF, que exigió medidas de refuerzo y apoyo para los trabajadores ante esta “situación de colapso” y sobre trabajo que “sufren los empleados, con plantillas claramente insuficientes”.
Más concretamente, el aumento alcanza el 555 por ciento en la Comunidad, si se compara el número de expedientes recibidos entre el 1 y el 30 de abril de 2020 con los del mismo periodo en 2019. Esta media de la Comunidad oscila entre el 728 por ciento de Burgos y el 401 de Zamora. En las demás provincias los incrementos son de 442 en Ávila, 537 en León, 682 en Palencia, 441 en Salamanca, 598 en Segovia, 45% en Soria y 716 por ciento en Valladolid. En el conjunto de España, el aumento de expedientes supone un 530 más.
Al respecto, CSIF exigió al Gobierno que informe a la ciudadanía “con claridad sobre las tremendas dificultades que está abordando el SEPE, ante la tramitación de las ingentes cargas de trabajo que han recaído en el organismo, para evitar episodios de acoso y violencia contra funcionarios, que ya se han produciendo en algunas de las oficinas de prestaciones”.
En Castilla y León, el número de empleados del SEPE son 331 en las nueve provincias, que van de los 73 funcionarios de Valladolid a los 17 de Segovia o Soria. En Ávila son 26, en Burgos 45, en León 71, en Palencia 21, en Salamanca 39 y en Zamora 22.
CSIF ha elaborado un informe que explica los retrasos en la gestión de expedientes y la situación de extrema debilidad de la plantilla del SEPE, “ante la escasez de recursos y efectivos, frente a la situación de excepcionalidad respecto al desmembramiento del tejido productivo en España”. El sindicato presentará este documento a los diferentes grupos parlamentarios para su estudio, en la Comisión para la Reconstrucción constituida en el Congreso de los Diputados.
Según datos del Ministerio de Trabajo facilitados a CSIF, la tramitación de expedientes respecto a abril del año pasado se ha incrementado de media un 530 por ciento en España, mientras que la plantilla apenas se ha incrementado un 10 por ciento debido a la incorporación extraordinaria de personal interino sólo para seis meses (780 de los 1.000 comprometidos por el Gobierno hace dos meses, sobre una plantilla de 6.601 personas encargadas de tramitar actualmente los expedientes).
Pese a todo, desde la publicación del decreto de alarma -14 de marzo- y hasta la fecha, de forma “decididamente voluntaria y desinteresada”, la mayor parte de la plantilla trabaja a doble turno y siete días a la semana, festivos incluidos, “con el fin de dar cobertura a las personas que se han visto afectadas por esta auténtica emergencia social y que están atravesando por una dramática situación”, remarcó CSIF.
Además, la “desinformación” generada por las autoridades, los “errores” en la documentación que aportan las empresas, el colapso de la autoridad laboral respecto a la obligatoriedad en la constatación de la ‘fuerza mayor’ en los ERTE o la necesidad de esperar por parte del SEPE a que se produzca el silencio administrativo para iniciar la tramitación de los expedientes que no pueden ser constatados por ese órgano, así como las modificaciones en la presentación de dichos procedimientos que realizan las empresas sobre la marcha, “están lastrando la gestión de los expedientes de una manera especialmente relevante”, explica CSIF.
No sólo tramita los ERTE, sino también las diversas medidas extraordinarias para la cobertura del desempleo que se han puesto en marcha por parte del Gobierno, como consecuencia de la crisis del COVID-19, y que afectan a unos dos millones de personas, se suman a las prestaciones ordinarias de la extensa carta de servicios del SEPE.
Mientras tanto, las redes sociales y algunos medios de comunicación “señalan la supuesta incompetencia y falta de empatía de los empleados del SEPE con el conjunto de desempleados, sin tener en cuenta las negativas y excepcionales circunstancias señaladas”. “Todo ello, sin duda, tendrá consecuencias dramáticas, si desde el Gobierno no se actúa de inmediato, exponiendo con claridad el esfuerzo titánico de esta plantilla y, sobre todo, las tremendas dificultades que afectan a la gestión de las prestaciones por desempleo que ya hemos expuesto”, advirtió CSIF.
“Algunos incidentes que se han producido, ante las puertas de nuestras unidades, aun cerradas al público, indican que se está llegando a un nivel de hartazgo verdaderamente insufrible por parte de los desempleados. Esta situación nos preocupa, por lo que reclamamos que se adopten medidas de protección adecuadas, cuando llegue el momento de reanudar la atención presencial”, criticó la central sindical.
