El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, defendió este jueves la necesidad de continuar controlando la movilidad y adoptando medidas de restricción de derechos, pero apostilló que el estado de alarma no puede convertirse en “un salvoconducto para hacer cosas que no son razonables”. Así lo dijo en su comparecencia, ya presencial, tras la celebración del Consejo de Gobierno de este jueves.
Igea defendió la necesidad de contar con un “instrumento” para seguir limitando los movimientos de los ciudadanos ante la incidencia de la pandemia por el COVID-19, pero aclaró que en política “no todo es posible” y estimó que algunas de las decisiones que ha adoptado el Gobierno en los últimos días hacen que todo sea “muy difícil” en cuanto al posible respaldo de una nueva prórroga del estado de alarma.
“No es posible que un juez le pida a un policía judicial que levante el secreto de la invetigación, no se pueden subvertir los derechos de la democracia liberal y parlamentaria”, añadió Igea, quien recordó que siempre se han defendido “el acuerdo y el diálogo” aunque apostilló que “hay cosas con las que no se debe jugar” e insistió, como ya ha hecho en otras ocasiones, en que los derechos individuales de los ciudadanos “solo se pueden ver restringidos para atender la necesidad de la enfermedad, nada más”, añadió.
En este sentido, y en relación al acuerdo para que País Vasco y Navarra gestionen la renta mínima, Igea rechazó “la desigualdad” política, y estimó que tanto esta como otras decisiones acordadas con Bildu “se basan en la desigualdad”. A su juicio, no se pueden tomar “decisiones que ahonden en la desigualdad ya existente” entre comunidades y auguró que “no es bueno continuar por ese camino” porque los ciudadanos de Castilla y León “no son mejores ni peores” que los de otro territorio, sentenció.
