Castilla y León registró en marzo unas necesidades de financiación de 247 millones de euros, un 72,7 por ciento más en el mismo mes de 2019, puesto que creció en 104 millones, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Hacienda.
Junto a la Comunidad, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra y Valencia registraron en marzo un peor resultado presupuestario que en el mismo mes de 2019.
Las comunidades registraron un déficit de 1.703 millones, el 0,15 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). Esta evolución se explica por un incremento de los recursos del 5,1 por ciento, ligeramente inferior al aumento de los empleos del 5,2 por ciento, situación que se explica, principalmente, por el impacto ocasionado por la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.
Por el lado de los recursos, Hacienda destacó que el incremento de los ingresos impositivos en un 8,2 por ciento, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 16,5 por ciento. Los Impuestos sobre la producción y las importaciones caen un 11,5 por ciento, destacando la caída del 9,5 por ciento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otros. Sólo en el mes de marzo, precisó el Ministerio, se perdieron 410 millones de ingresos impositivos como consecuencia de la crisis.
También remarcó el incremento registrado en las transferencias recibidas de otras administraciones en un 5,5 por ciento. En este sentido, hay que tener en cuenta que, tanto en 2019 como en 2020, ha habido prórroga de los presupuestos, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, el Gobierno procedió a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.
Dentro del gasto no financiero, que aumentó un 5,2 por ciento, los consumos intermedios crecieron un siete por ciento debido al aumento del gasto farmacéutico hospitalario y en el gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación, fuertemente condicionados por el COVID. Esta situación también explicaría según el Ministerio un mayor gasto en conciertos sanitarios.
Por su parte, la remuneración de asalariados se incrementó un 4,7 por ciento, debido fundamentalmente a la subida retributiva general y por el impacto del COVID hasta marzo. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecieron un 7,1 por ciento, destacando el aumento del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación.
Las subvenciones crecieron un 24,2 por ciento y las prestaciones sociales un 13,6 por ciento. Por último, la inversión aumentó un 1,4 por ciento y las transferencias entre administraciones aumentaron un 1,7 por ciento. Por contra, descendió el gasto en intereses un 9,6 por ciento.
El déficit de las administraciones públicas, excluidas las entidades locales, se situó en el 0,77 por ciento del PIB en el primer trimestre, según Hacienda. Los datos hasta marzo registraron el impacto sobre las operaciones realizadas en un contexto económico y social extraordinario ante la situación de pandemia originada por el COVID-19.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda precisó que las medidas de protección social o la actualización de las entregas a cuenta sitúan el déficit del Estado hasta abril en el 1,78 por ciento del PIB.
