El pasado 25 de mayo, La Crónica de Salmanca publicó una información sobre la supuesta solicitud de investigación a la fiscalía de Salamanca, por el fallecimiento de una mujer ingresada en la Residencia Santa Inés sita en La Fuente de San Esteban, donde se recogen las manifestaciones al parecer efectuadas por un familiar de la misma, ante un supuesta negligencia
“Desde la empresa Residencia para Mayores el Abadengo, S.L. , que gestiona los centros Residencia Santa Inés y Residencia Tomás Mateos, ambos ubicados en la Fuente de San Esteban (Salamanca), ante las inexactitudes contenidas en la noticia aparecida en La Crónica de Salamanca queremos hacer constar:
Que en resolución de fecha 24 de Abril de 2020, la Dirección General de Salud Pública, y como consecuencia de la demanda de apoyo efectuada por la propia empresa gestora de las Residencias en un acto de responsabilidad, se han intervenido los centros, autorizando el traslado y reubicación temporal de residentes para posibilitar mantener las medidas de clasificación, sectorización y aislamiento más adecuadas, permitiendo, asimismo, una mejor utilización de los recursos humanos.
No es correcto, por lo tanto, que la intervención obedezca a razones de “falta de personal que trabajaba en dos residencias “como se relata; a este respecto, queremos manifestar que las bajas sufridas en el personal como consecuencia de la pandemia han sido cubiertas de inmediato, cumpliendo de forma escrupulosa con los ratios exigidos legalmente; nuestro personal ha trabajado, cada uno en sus respectivos centros, y sigue haciéndolo de forma ejemplar y encomiable. En ningún momento, ni la madre de la denunciante, ni ninguno de los demás residentes han sido abandonados por el personal de los centros; siempre han recibido la atención y cuidados adecuados y propios de los centros residenciales de estas características cuando los servicios de salud estaban absolutamente colapsados y sin que fuera posible realizar derivaciones urgentes de residentes. Contrariamente a lo publicado, nuestros centros han permanecido continuamente atendidos, cubiertos todos los turnos de atención por personal suficiente y capacitado; la médico, enfermeras y auxiliares de apoyo de las mismas pasaban consulta a diario y se informaba a la familia regularmente, atendiendo siempre las llamadas que los familiares hacían, en ocasiones varias veces al día, y las auxiliares en sus respectivos turnos y de manera ininterrumpida realizaban la asistencia y atención personal, dispensación de alimentación y aseo de forma permanente. No es cierto que nadie en nuestros centros “muriera abandonado por las cuidadoras” ni que nadie “tuviera que pasar por una tremenda agonía”, como tampoco lo es el que la madre de la denunciante estuviera “atada de día y de noche”; para nada pueden confundirse tales afirmaciones con las medidas de aislamiento y contención implantadas en los centros siguiendo los protocolos establecidos legalmente por las autoridades sanitarias y que estábamos obligados a cumplir.
Es también absolutamente falso que hayan fallecido 35 internos; el número de fallecidos en los centros son datos que obran en poder de las administraciones competentes; Gerencia de Servicios Sociales y de Salud tiene información diaria remitida desde estos centros y, por supuesto, distan mucho del número referido en la publicación.
En ningún momento la familia comunicó al centro su intención de trasladarla a otra residencia; sin embargo, decretado el estado de alarma y antes de que se practicasen los test, se informó a la familia de la posibilidad de que pudieran llevarse a la residente a su domicilio familiar, así como del protocolo establecido para dicha salida y la disposición del centro a facilitarla si era esa la voluntad; la familia desistió de dicha posibilidad.
Por último, para no inducir a error a los lectores, conviene aclarar que “EL DEFENSOR DEL PACIENTE” al que se alude en la noticia, no es ninguna entidad oficial, ni institución pública revestida de garantías de independencia e imparcialidad, sino que se trata de una asociación de carácter privado que asesora a posibles afectados.”
Con la publicación de esta rectificación entenderemos que ha quedado salvaguardado el derecho al honor e imagen de todas las personas que componen el equipo de la Residencia de Santa Inés, siendo de esta forma innecesario reclamar tutela judicial alguna.
