El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó este domingo a las comunidades y ciudades autónomas de la nueva distribución que se aplicará para el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones que ofreció semanas atrás a los Ejecutivos regionales para afrontar la situación por el Covid-19.
En su intervención inicial en la decimotercera reunión de la Conferencia de Presidentes, Sánchez comentó que la nueva distribución sería de 9.000 millones para cuestiones del gasto sanitario, 2.000 para educación y 5.000 para potenciar la recuperación económica, según varias fuentes consultadas por Servimedia presentes en la reunión telemática.
En concreto, el reparto de los 6.000 millones se hará en julio en función de gastos sanitarios criterios representativos; el segundo tramo de 3.000 millones en noviembre en atención también a esos gastos sanitarios criterios representativos; un tercer monto de 2.000 millones en septiembre para gastos educativos; y un cuarto y último reparto de 5.000 millones en diciembre para recuperación económica y bajo criterios de régimen común.
Se trata de una nueva distribución a la conocida hasta ahora, porque en reuniones anteriores, Sánchez detalló que los cuatro tramos del fondo serían: el primero, de hasta 6.000 millones de euros a pagar en este mes de julio en base al gasto sanitario; el segundo, de hasta 4.000 millones de euros también con el mismo criterio pero que se iba a pagar en noviembre.
Un tercer tramo, explicó en su día, sería de hasta 1.000 millones de euros a pagar en noviembre en base a criterios representativos de gasto social; mientras que el cuarto y último, de hasta 5.000 millones, iba a ser en función de criterios relacionados por la disminución de la actividad económica.
Castilla y León
El cambio de los criterios del reparto del fondo y, sobre todo, los 2.000 millones para Educación (que podrían beneficiar más a comunidades como la de Madrid, que tiene mayor peso de la concertada) desató las críticas de algunos presidentes autonómicos, entre ellos Mañueco, aunque por otros motivos.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, calificó de “injusto” el reparto del Fondo Extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros porque con los nuevos criterios del Gobierno “se castiga” y “se deja en la estacada” a las comunidades más afectadas por la pandemia.
Durante su comparecencia en la Sede de la Presidencia tras la decimotercera conferencia de presidentes, Fernández Mañueco defendió que el reparto de esa dotación de recursos a las comunidades se realice en función de la incidencia del virus en su población, el envejecimiento y la dispersión territorial.
Fernández Mañueco lamentó que con los nuevos criterios el fondo no se destine íntegramente a los gastos extraordinarios motivados por la incidencia de la pandemia en la sanidad y los servicios sociales y censuró que se recorten 2.000 millones a ambas áreas. El presidente aseguró que de los 650 millones con los que espera contar Castilla y León se pueden recortar en unos 125 millones.
En tal sentido, defendió que se mantengan los 11.000 millones previstos para sanidad y servicios sociales y anunció que se dará «batalla» con otras comunidades que tampoco comparten los criterios, si bien observó escaso margen porque el debate irá al Congreso sin pasar antes por el Consejo de Política Fiscal y financiera.
“No se ha explicado el cambio de criterio”, afirmó Fernández Mañueco, que recordó que Castilla y León fue una de las primeras comunidades en solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez un fondo extraordinario y no reembolsable y estimó que el Ejecutivo debe hacer un esfuerzo para el gasto en educación.
En anterior comparecencia, cuando el Gobierno anunció ese fondo, el presidente de la Junta valoró que la “música” sonaba bien pero que “había que conocer la letra”, lo que hoy recriminó al Ejecutivo ante los criterios para su reparto, cuya primera cantidad de 6.000 millones compromete a las autonomías para primeros de julio.
Automoción
En el apartado económico, exigió que los ERTE se prorroguen más allá del 30 de junio, que se flexibilicen los criterios de déficit y de deuda para que sea superior al 0,2 por ciento de endeudamiento previsto para realizar una política expansiva en la recuperación económica y que el Gobierno acuda al MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad).
