La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación de la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado «AVE del desierto» que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí, al estar involucrado el entonces Rey, hoy rey emérito, Juan Carlos I, que no es inimputable, pero está aforado en el Supremo. Se investiga si cometió los presuntos delitos de blanqueo y fraude fiscal.
Esta investigación se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad. Resulta preciso, según la Fiscalía, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El pasado día 5 de junio la Fiscal General del Estado dictó un decreto en el que designa para esta investigación al Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos Campos, quien al conocimiento exhaustivo de lo que se denomina derecho penal económico, suma su dilatada experiencia como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación.
Se enmarca dentro de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, que mantuvo una relación muy estrecha con el rey, se habría embolsado en 2008 el monarca emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
Entonces era inviolable, pero perdió esa condición al abdicar en 2014, por lo que si se confirmara que cobró comisiones eso no le afectaría penalmente, pero sí podría hacerlo la ocultación de ese dinero (su gestión y lo que ha rentado) y no paga impuestos por esa rentas. Por eso se tata de saber si Juan Carlos I cometió los presuntos delitos de blanqueo y fraude fiscal.
