El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, aseguró este lunes que “cuando se trata de cuestiones o criterios sanitarios, no los vamos a discutir y vamos a ir de la mano de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España” en sus decisiones sobre las fases de desescalada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
C.T.M. / ICAL
Tras la polémica suscitada el pasado jueves por la decisión de la Junta de no solicitar el paso de la provincia de Salamanca, junto a Ávila, Segovia y Soria, a la fase 3 de la desescalada, el alcalde de la capital charra señaló en aquel momento que era “difícil de entender” el argumento sostenido por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, de la cercanía de la provincia salmantina con Madrid para no avanzar de fase.
Sin embargo, este lunes Carbayo aseguró que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le transmitió que “existen datos epidemiológicos que avalan la decisión de la Junta de Castilla y León” y que “cuando se trata de cuestiones o criterios sanitarios, no los vamos a discutir y vamos a ir de la mano de la Junta y el Gobierno”.
“Los expertos son los que saben y los que indican el camino”, continuó el alcalde de Salamanca, quien reseñó que en la explicación, se incluye que la provincia salmantina contaba con “peores datos, junto a otras provincias, que el resto de Castilla y León”, aunque no entró a valorar dichos indicadores porque “no soy especialista en Sanidad y no quiero inducir a confusión a nadie”.
Sin embargo, sí justificó su reacción, y la del resto de la corporación municipal, en la tarde del jueves ya que “en un primer momento, la consejera de Sanidad no utilizó una expresión lo suficientemente técnica” para explicar la diferencia entre provincias para el avance o no en la desescalada, y por ello consideró que “se podía haber referido a esos datos que avalan” la decisión.
Sanidad y economía
También se refirió a esta cuestión, durante la rueda de prensa conjunta celebrada en la mañana de este lunes en el Ayuntamiento de Salamanca, la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades y primera teniente de alcalde del Consistorio salmantino, Ana Suárez, que como miembro de Ciudadanos, como Francisco Igea y Verónica Casado (independiente nombrada consejera por Cs), recordó que aunque son “del mismo partido”, representan a “instituciones diferentes”.
“Desde el Ayuntamiento velamos por los salmantinos y a los consejeros de la Junta les pediría que vinieran a un Centro de Acción Social de Salamanca y vieran las caras y la desesperación de las personas a las que afectan sus decisiones”, explicó Ana Suárez, quien aseguró que en estos centros están atendiendo “a autónomos que contaba con poder abrir hoy su negocio y a trabajadores afectados por ERTE que no han cobrado nada desde marzo”.
Y es que, aunque Suárez entendió que “en los inicios, la crisis sanitaria exigió que todas las decisiones estuvieran centradas en la Sanidad y fueran tomadas para prevenir los contagios”, ahora “la situación ha evolucionado y, al margen de criterios epidemiológicos, sería interesante empezar a entender que la prevención sanitaria y la reactivación económica no son incompatibles”.
“Hay que encontrar la fórmula de equilibrio para poder sobrevivir”, concluyó la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, quien mostró su preocupación por “la situación de los salmantinos sin ingresos, o con muchos gastos desde hace meses, y que se tienen que tener en cuenta por quienes toman las decisiones”.
Petición al Gobierno
En todo caso, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, sí agradeció a la Junta de Castilla y León los 477.000 euros recibidos de la participación del Ejecutivo autonómico en el fondo creado por la Administración del Estado, ya que “la Junta sí lo ha repartido entre los ayuntamientos, a diferencia de otras Comunidades Autónomas”, lo que ha permitido “poder impulsar más prestaciones sociales en la ciudad”.
Recordó además García Carbayo que también esperan un fondo procedente de la administración regional “dentro del pacto para la reconstrucción que negocia el presidente de la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España, y que se dirigirá a los ayuntamientos”.
No obstante, el alcalde de Salamanca sí fue más duro con el Gobierno del Estado al reclamar “un gran fondo para la reactivación económica y las medidas sociales”, así como “un fondo para el transporte dirigido a los ayuntamientos” y la flexibilización de la regla del gasto y de estabilidad presupuestaria porque los ayuntamientos van a ser “protagonistas en primera línea de la reconstrucción” económica tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
