Así ayudó el Ayuntamiento de Salamanca a un octogenario en el confinamiento

[dropcap]U[/dropcap]n anciano de 85 años con dificultad de movilidad y pérdida de equilibrio se cae en varias ocasiones en su domicilio durante estos meses de confinamiento. Su esposa llama al 1-1-2. Unas veces acudieron a auxiliarla desde el centro médico, otras la Policía Local y también los bomberos, en ningún momento la informaron de que los desplazamientos de estos últimos tenían un coste.

Su sorpresa ha llegado cuando ha recibido tres notificaciones y cartas de pago del Ayuntamiento por el desplazamiento de los bomberos, que acudieron en tres ocasiones, para ayudarla a levantar a su marido. «El importe es de 103,65€ par cada vez, una cantidad importante para una pareja que tiene una pensión baja. Nosotros no nos negamos a pagar las cantidades requeridas, pero sí nos ha sorprendido que en ningún caso informaran a mis padres de que eso tenía un coste. Es cierto que en la página web del Ayuntamiento está especificado, pero mis padres tienen más de 80 años y están desconectados digitalmente», informa uno de sus hijos de la pareja.

Los hijos de la pareja viven fuera de la provincia, por lo que durante el estado de alarma no han podido atender presencialmente a sus padres. Además, al ser población de riesgo, les daba miedo pedir ayuda a los vecinos en un momento de apuro como los que han vivido. Viendo que sus padre pudieran sufrir más caídas u otros percances domésticos, los hijos decidieron poner un botón de teleasistencia. «Así, estamos más o menos tranquilos», apuntan.

Los hijos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, porque tienen hasta el 5 de julio para pagar las tres notificaciones. «Nos atienden correctamente, pero no nos dan soluciones. Nosotros estamos muy agradecidos al servicio que prestaron los bomberos a nuestros padres, fueron rápidos y eficaces. Solo tenemos la queja de que no les informaron de que el servicio tuviera un coste económico», puntualizan.

Ni la ayuda de los sanitarios que acudieron en alguna ocasión, ni la de la Policía Local en otras, se la han cobrado.

«El Ayuntamiento podría apuntarse un punto con la mejora de este servicio social, porque las administraciones tienen que ser sensibles ante un hecho como el que les ha ocurrido a mis padres, -que podían ser otra pareja de ancianos con una situación similar-, y no está bien definida la ayuda que prestan», explican.

Los hijos creen que el Ayuntamiento reaccionará positivamente, «se apunte un tanto y corrija sus protocolos informando previamente en lo sucesivo correctamente a los ciudadanos salmantinos con transparencia y que a su vez nos anule los pagos», concluyen. O que algunos servicios humanitarios se canalicen de otro modo.