No cabe duda de qué, según los intereses que medien, la Junta no actúa siempre con la misma rapidez y diligencia. Muchos ejemplos pueden ponerse de su exasperante lentitud cuando de rascarse el bolsillo en beneficio del administrado se trata. Por poner uno, ahí está la congelación “sine díe” de la ayuda complementaria anunciada el pasado 25 de marzo a los trabajadores afectados por ERTEs, como si ello no fuera de urgencia para los miles de afectados.
Ejemplo de lo contrario lo acabamos de tener con el decreto “de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León”. Dicho decreto se aprobaba en el Consejo del Gobierno del pasado jueves, escasamente 24 horas después de la firma del “histórico” pacto de comunidad para la “reconstrucción”. Al día siguiente, viernes, la norma ya estaba publicada en el Bocyl, y ese mismo día la Junta conseguía incluirla en el orden del día del pleno de las Cortes de esta semana, a fin de proceder a su correspondiente convalidación, que, salvo sorpresa mayúscula, se producirá este miércoles con los votos de los procuradores del PP y Ciudadanos. Mayor celeridad, imposible.
El mismo día de su publicación en el Bocyl, la asociación Ecologistas en Acción denunciaba que, amparándose en los estragos económicos causados por el Covid, dicho decreto suprime de facto la licencia ambiental previa exigida hasta ahora a cualquier tipo de actividad, sorteando las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que el pasado año tumbaron anteriores iniciativas de la Junta en el mismo sentido. Para dicha asociación, se trata de un “decretazo” que instaura en la comunidad una “barra libre” para proyectos de gran impacto medioambiental, tales como las controvertidas macrogranjas ganaderas que tanta contestación vecinal vienen suscitando a lo largo y ancho de la comunidad.
El PSOE y Podemos anunciaron el mismo viernes que se opondrán en las Cortes a la convalidación del decreto, postura que no servirá de mucho habida cuenta de la mayoría absoluta que suman PP y Ciudadanos. Probablemente, desde estos últimos partidos recuerden a la oposición el punto 34 del pacto de la “reconstrucción” firmado la pasada semana: “Profundizar en la simplificación y agilización administrativa (…), así como en la reducción del número de normas de nuestro ordenamiento jurídico, disminuyendo en lo posible las obligaciones administrativas establecidas por la normativa autonómica para los municipios de escasa población”. Y firmado y hecho.
Consecuentemente, este “decretazo” despejará de obstáculos proyectos como el de la macrogranja de porcino promovida en el municipio palentino de Meneses de Campos, del que ayer informaba en detalle diario.es. El gran valedor del proyecto es su alcalde, Alberto Blanco, y el vendedor de las 20 hectáreas de terreno destinadas a la explotación es el teniente de alcalde, Guillermo Blanco. Casualmente ambos son primos de un tal Pablo Casado Blanco. ¿Les suena de algo?
