Las Cortes de Castilla y León convalidaron este miércoles, con las abstenciones de PSOE y Podemos, el decreto ley de medidas extraordinarias para que las residenciales de personas mayores y personas con discapacidad estén preparados en el caso de un brote de COVID en otoño y contar con unas pautas hasta la aprobación del nuevo modelo residencial.
ICAL. El decreto ley enviado por la Consejería de Familia recibió 44 votos a favor de PP, CS, UPL, Vox y Por Ávila y 37 abstenciones de PSOE y Podemos, que calificaron de “insuficientes” las medidas en relación al ratio de personal e inspecciones.
En la presentación, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, enmarcó la normativa en la toma de medidas extraordinarias para estar preparados y prevenir situaciones derivadas de una crisis sanitaria y garantizar la atención a los usuarios de las residencias.
Blanco manifestó que todos los centros públicos o privados deberán contar con un plan de contingencia, en el que figure un análisis del centro, de los residentes, equipos de protección para al menos cinco semanas ante una crisis sanitaria, que de verificará para comprobar su correcto funcionamiento de uso, y contar con un profesional de enlace.
Habrá una línea de financiación a las entidades sin ánimo de lucro para garantizar que se cuenta con material de protección en depósito, se facilitará formación al personal de los centros, las residencias deberán ofrecer información para un seguimiento y se reforzarán las inspecciones fueron otras de las medidas enumeradas por la consejera en relación con este decreto ley. “Esta norma da respuesta, es pionera”, resumió Blanco.
Sin control
La procuradora socialista Isabel Gonzalo calificó el decreto ley de “incompleto” y lamentó que la consejera lo haya presentado sin llamar al Grupo Socialista, que presentó una propuesta. Se centró en los ratios de personal de los centros, que solo aumentarían si hubiera más contagios, y recordó como su falta de plantilla ha llevado a hacer un “gran esfuerzo” durante la pandemia.
“Se sigue sin poner los medios adecuados, y esto es responsabilidad suya”, reprochó Gonzalo, que también dudó de que se pueda cumplir con la medida del decreto de áreas diferenciadas si hay contagios y pidió claridad sobre la categoría de los profesionales inspectores.
También, echó en falta la aclaración de como se va a coordinar la atención sanitaria en las residencias y pidió que se informe a los trabajadores de estos centros para que sepan a que atenerse. “Visto todo esto el Grupo Socialista se tiene que abstener” a la espera de la ley “tan necesaria”, concluyó.
La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, reconoció que algunas de las medidas planteadas son “positivas” y estimó que puede ser un “punto de partida” en la atención residencial, aunque estimó que es “insuficiente”. También, preguntó si ante un brote se estará preparados en las residencias, para responder que no, porque hay “carencias estructurales”.
Domínguez dio la bienvenida al cambio de modelo anunciado por el PP, que Podemos ha defendido desde hace cinco años, pero insistió en las deficiencias existentes antes de esta crisis sanitaria. “Con covid y sin covid nunca se ha controlado que la ratio se cumpla”, observó, para referirse a las condiciones laborales del personal sanitario y técnico de las residencias. “Como van a controlar, si no gestionan nada, si gestionan las empresas de sus amigos”, concluyó.
Anticipación
El ‘popular’ Miguel Ángel García Nieto, que respaldó la gestión del equipo de la Consejería de Familia, afirmó que este decreto es una “iniciativa muy positiva” que se anticipa y protege a las residentes y trabajadores de los centros ante un previsible brote del virus en otoño. “Yo la quiero felicitar, ha dado la cara y ha estado en la primer línea”, aseveró de Isabel Blanco, donde marcó distancia con la “inacción” del mando único del Gobierno, ejercido en este caso por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Nieto manifestó que en febrero todos desconocían el alcance de esta enfermedad y señaló que ante “esta realidad no se puede permanecer impasible y se necesita iniciativa y anticipación”, para concluir que este decreto no sustituye a los grupos de trabajo para avanzar en la futura ley, en la que se recoja “el mejor modelo posible” desde el consenso. Por parte de Cs, Inmaculada Gómez respaldó las medidas extraordinarias ante un brote ya que no se puede esperar al consenso en un nuevo modelo que no se sabe cuando se podría alcanzar y manifestó que “el escudo del Gobierno se resquebraja”, por lo que pidió que no se detraígan fondos a los servicios sociales.
Finalmente, Jesús García-Conde del Castillo (Vox), que anunció el voto a favor, reclamó subvenciones para cumplir con el plan de contingencia y abogó por no abocar a sobrecostes a estos centros.
