Castilla y León

Las Cortes piden que se garantice el aborto por el Sacyl, si no hay objección de conciencia

La proposición no de ley del Grupo Socialista (PNL) sale adelante con enmiendas de PP y Cs, y solo el voto en contra de Vox

 

Las Cortes de Castilla y León pidieron este miércoles, a través de una proposición no de ley firmada por el Grupo Socialista que contó con aportaciones de PP y Cs, para que se garantice en los casos que marca la ley la interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros de Sacyl, respetando la objección de conciencia de los profesionales sanitarios

 

ICAL. En la defensa de la proposición no de ley, aprobada solo con el voto en contra de Vox, el socialista Jesús Puente recordó que la interrupción voluntaria del embarazo está regulado y es una prestación de la cartera nacional de servicios, pero señaló que Sacyl no ofrece este servicio en la inmensa mayoría de sus hospitales y remite a las mujeres que lo requieren a clínicas privadas.

Puente manifestó que se crean “grandes desigualdades” entre mujeres de distintas provincias, subrayó que el concierto del HUBU con una clínica privada de Valladolid supone un coste de 300.000 euros y estimó un “sesgo ideológico” en el hecho de que no esté en la cartera de Sacyl.

“Hay que acabar con el cruce de mujeres por toda la Comunidad”, argumentó el socialista, que abogó por fomentar el tratamiento farmacológico para la interrupción voluntaria del embarazo y rechazó que el problema esté en la objección de los profesionales, sino en como se aplica ese derecho, que pidió que se recoja por escrito para evitar el “acato y no cumplo”.

El derecho de los profesionales a la objección fue el motivo esgrimido por el ‘popular’ Alejandro Vázquez para explicar por qué un servicio que está en la cartera de Sacyl no se presta en todos los hospitales de Castilla y León, excepto en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

Tras señalar que 2.500 mujeres abortan al año en la Comunidad, Alejandro Vázquez (PP) estimó que el debate planteado por la oposición socialista no está en “la actualidad” y Marta Sanz (Cs) consideró que existe un consenso en la sociedad y está “superado”, excepto por algún grupo, lo que rechazó Jesús Puente, que apuntó a la salida de mujeres fuera de la Comunidad y a clínicas privadas para ejercer su derecho.

Los parlamentarios de PP y Cs presentaron en su enmienda aspectos similares a los recogidos en la PNL, como reforzar la educación afectivo-sexual de niños y niñas y jóvenes, potenciar los servicios de planificación familiar y tomar medidas para para la creación de los registros de objetores de conciencia en los centros hospitalarios donde no los haya y se mantengan actualizados

Puente condicionó recoger las enmiendas -más de forma que de fondo- a que se aceptara que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo conforme a los casos recogidos por la ley en todos los centros de Sacyl con el respeto a la objección de conciencia de los profesionales, en un texto que modificó su original de incorporar la interrupción voluntaria del embarazo a la Cartera de Servicios de todos los centros hospitalarios públicos del Sacyl.

La transacción propuesta por Puente se aceptó por la procuradora de Cs y la PNL socialista salió adelante en su todos sus apartados con todos los votos de la Cámara, excepto de Vox, cuyo procurador, Jesús García-Conde calificó de eufemismo la interrupción voluntaria del embarazo, reclamó ayudas para fomentar la natalidad y anunció el voto en contra a la propuesta presentada por el Grupo Socialista.

Siempre aplaudida por la bancada socialista, la procuradora Laura Domínguez (Podemos) rechazó que sea un debate superado como expresó Sanz, recordó que en su provincia, Burgos, 56 mujeres interrumpieron su embarazo durante el 16 de marzo y el 31 de mayo y lo hicieron fuera de su provincia, por lo que apoyó que se haga con medios públicos y sin tener que desplazarse.

“Llevamos diez años con excepcionalidad en Castilla y León”, reprochó Domínguez, que rebatió que se acuda a los objetores sanitarios cuando el registro es de 2010 con, en ese momento, 437 profesionales. “Es un derecho de las mujeres, nos van a tener en frente”, aseveró.


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