Castilla y León

Carriedo, el consejero destinado a comerse los marrones

Se extrañaba el otro día “El topillo” de que la regulación de la “nueva normalidad” en Castilla y León hubiera descansado sobre la consejería de Economía y Hacienda y no sobre la de la Sanidad, cuando su contenido consiste en un Plan de Medidas “para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19” Y todo apunta a que el hecho de que haya sido el consejero Carlos Fernández Carriedo y no la consejera Verónica Casado el firmante de dicha regulación no es algo casual.

Tras conocer en detalle el texto, en gran parte un descarado “corta y pega” del decreto publicado por la consejería de Sanidad de Galicia, cunde la impresión de que la consejera Casado y su mentor, el vicepresidente Igea, han querido eludir ese cáliz para no responsabilizarse directamente de determinadas medidas que no hay por donde cogerlas. Entre ellas, como bien ha subrayado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la que privilegia la llamada “fiesta nacional”, esa que PP y Vox defienden, y nunca mejor dicho, a capa y espada.

En concreto, lo de permitir festejos taurinos hasta con un 75 por ciento del aforo de cada plaza no tiene un pase, ya que es físicamente incompatible con la distancia mínima unipersonal de 1,5 metros que rige para casi todo. En este punto, la Junta ha llegado más lejos que la mismísima Comunidad de Madrid, que, siendo la propietaria de la plaza de toros de Las Ventas, inicialmente ha fijado ese aforo en el 60 por ciento, si bien con idea de ampliarlo no tardando al 75. Y si Casado e Igea querían escurrir ese bulto, quién mejor que Fernández Carriedo, el eterno-chico-bien-mandado-que vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido”, para endosarle el marrón.

La tesis se refuerza al comprobar que ha sido otra vez Carriedo el firmante del decreto de “simplificación y agilización administrativa” convalidado ayer en las Cortes con los votos de PP y Ciudadanos. Pese a ser la consejería de Economía la que asume la paternidad del decreto, no fue su titular el que se ocupó de presentarlo ante el pleno de la Cámara, sino el vicepresidente Igea, que, como era de prever, restregó a PSOE y Podemos el punto número 34 del pacto para la “reconstrucción” que ambos tuvieron a bien firmar hace una semana.

Carriedo se abstuvo de participar en el debate de convalidación, en el que sin embargo se vio impelido a intervenir el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Y es que, gracias al parapeto del consejero de Economía, el otrora “Pañuelitos” se librará de las eventuales sentencias judiciales en contra que a buen seguro acabarán recayendo sobre el desmontaje de la legislación medioambiental que perpetra el decreto. Cuestión nada baladí, habida cuenta que el pasado año el Tribunal Superior de Justicia tumbó dos veces el intento de Suárez-Quiñones de reducir a papel mojado la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Si hay nuevas sentencias en contra, esta vez no engrosarán su casillero.

¿Cuál será el próximo marrón que le espera a Carriedo? El que le manden, que para eso está.


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