La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80 por ciento de los centros hospitalarios privados de España, reclamó a la Sanidad de Castilla y León (Sacyl) compensaciones del fondo autonómico por la disposición de recursos durante la pandemia.
ICAL
Desde la patronal esperan respuesta de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, tras el envío de una carta en la que solicitan la fijación de criterios de compensación por la disposición por el mando sanitario de «cuantiosos recursos asistenciales de la sanidad privada», en especial la cesión de equipamiento como respiradores, que «requieren una compensación económica».
En la misiva, desde Aspe desgranaron a Casado la situación del sector empresarial de provisión sanitaria en la región, donde reflejaron que, aunque no ha habido derivaciones de pacientes de COVID-19 de la sanidad pública a centros sanitarios privados, se puso a disposición del mando sanitario «cuantioso recursos asistenciales». A ello, detallaron que se suma la derivación de pacientes no contagiados, utilizando la Consejería a la anidad privada como «circuito paralelo».
Estudio de impacto
Según un estudio realizado por la Alianza de la Sanidad Privada Española en referencia al impacto de la pandemia en los ocho hospitales privados de la Comunidad, dichos centros llevaron a cabo inversiones relacionadas con la COVID-19 por un valor superior a los 955.000 euros. De esa forma, el 13 por ciento de las inversiones realizadas corresponde a compra de equipamiento, el cinco por ciento a la compra de respiradores, el uno por ciento a la adecuación de espacios para adaptar las instalaciones a las nuevas necesidades y el 81 por ciento restante a otras inversiones.
El importe destinado a la compra de material sanitario relacionado con la COVID-19 en estos hospitales se ha incrementado un 491 por ciento en marzo-abril, respecto al importe gastado a lo largo de todo el año 2019. Los casos más extremos son los de las mascarillas quirúrgicas y las batas, cuyo precio se ha incrementado un 1.664 por ciento y un 1.249 por ciento, respectivamente, con respecto al precio existente en diciembre de 2019.
En ese sentido, dichos centros asumieron solamente el uno por ciento de los pacientes diagnosticados o con sospecha de COVID-19 y ninguno de los ingresados en UCI en la región. En actividad ordinaria, todas las áreas asistenciales se vieron afectadas de «forma significativa», donde las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83 por ciento, las pruebas diagnósticas un 78 por ciento, las urgencias un 73 por ciento, las consultas un 84 por ciento y los ingresos hospitalarios un 22 por ciento.
