Un debate devaluado y a mayor gloria de Mañueco

[dropcap]E[/dropcap]l debate sobre el Estado de la Comunidad a celebrar este martes estaba llamado a examinar, a modo de balance, el primer año de gestión del gobierno de coalición que preside Alfonso Fernández Mañueco tras el “pacto de perdedores” PP-Ciudadanos que relegó a la oposición al PSOE, el partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas.

 Sin embargo, el debate se presenta a priori sumamente devaluado a causa del pacto de comunidad para la «reconstrucción» de Castilla y León suscrito hace dos semanas por los dos partidos que hace un año se repartieron la Junta y las dos principales formaciones de la oposición, PSOE y Podemos. Casi recien firmado ese acuerdo, analizado aquí hace una semana, resultará poco creible ver al lider de la oposición, el socialista Luis Tudanca, criticar y exigir explicaciones al gobierno Mañueco por su deficiente gestión antes y después de la pandemia. No tanto quizá al dirigente de Podemos, Pablo Fernández, que ya está renegando de un pacto que tiene mas agujeros que un queso de gruyer. (Veasé lo ocurrido con el decreto de “agilización y simplificación administrativa”, aprovechado por la Junta para desregular la legislación medioambiental).

Todo ello al mismo tiempo que en las Cortes los nuevos socios decidían premiarse a sí mismos y a los demás como un generoso incremento en las subvenciones a los grupos parlamentarios y se permitían nombrar senador en representación de la comunidad autónoma a otro insigne descolocado del PP, el vasco Javier Maroto, que había perdido su escaño de diputado por Alava en las elecciones generales.

Con semejante tarjeta de presentación, irrumpió en la Junta el gobierno presidido por Fernández Mañueco, cuya primera iniciativa fue la de suprimir el Impuesto de Donaciones y Sucesiones, medida en tramitación que ahora se ha visto obligado a suspender, no como concesión al pacto de comunidad, sino ante lo indecoroso que en estos momentos resultaba semejante “regalo fiscal” cuando las arcas autonómicas están poco menos que en bancarrota (advirtiendo, eso sí, para que nadie se engañe, que, en cuanto tengan un respiro, volverán a tramitarlo).

En los ochos meses de gestión anterior al estado de alarma, el gobierno Mañueco incumplió flagrantemente su obligación (artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía) de presentar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2020. Y sus excusas no sirven, porque la mayor parte de las comunidades cumplieron con ese deber. El resultado es que, mediado el 2020, la Junta sigue gobernando con los Presupuestos de 2018, los últimos aprobados por el gobierno de Juan Vicente Herrera, con todas las limitaciones que ello supone y sin que se tenga ninguna certeza de que llegue de nuevo octubre y sigamos en las mismas.

Ocho meses absolutamente infructuosos.- En los ocho meses referidos, el Ejecutivo de coalición pasó olímpicamente de cumplir el compromiso rubricado por el gobierno Herrera de reponer la jornada de 35 horas semanales a los 85.000 empleados públicos (funcionarios y personal laboral), provocando una convocatoria de huelga en la Administración Autonómica. Y esta es la fecha sin que concrete cuando piensa cumplir dicho compromiso.

Tampoco tuvo tiempo de constituir el grupo de trabajo de expertos independientes encargado de elaborar un diagnóstico con propuestas de actuación sobre la Lucha contra la Despoblación y la nueva Ordenación del Territorio, tal como figura en el punto 78 del acuerdo programático suscrito entre PP y Ciudadanos. El actual gobierno de la comunidad no ha tomado ni una sola medida contra una despoblación que sigue diezmando el censo de la comunidad, salvo la de trasladar ahora la competencia desde la consejería de Empleo a la de Transparencia. Y en cuanto a la Ordenación del Territorio, su única iniciativa ha consistido en tramitar una reforma legislativa mediante la que pretende eliminar la mayoría cualificada exigida en las Cortes y así poder imponer sin consenso los mapas rurales pendientes de aprobación desde la pasada Legislatura.

Para lo que sí tuvo tiempo el gobierno Mañueco fue para promover una reforma de la atención primaria que no figuraba en el acuerdo de coalición y que puso en pie de guerra al medio rural, ya que en la práctica supondría el cierre por inanición de la mayor parte de los 3.600 consultorios locales distribuidos a lo largo y ancho de la comunidad.

Dicha reforma, ensayada a modo de plan piloto en la comarca zamorana de Aliste, se veía abruptamente interrumpida por la pandemia, y permanece de momento congelada a expensas del nuevo modelo de atención sanitaria a definir en el marco del pacto para la “reconstrucción”. Pero de no alcanzarse un consenso sobre dicho modelo, mucho es de temer que la consejera Verónica Casado y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, vuelvan a la carga con el plan, que ambos tienen entre ceja y ceja, de cepillarse los consultorios locales.

Sobre la actuación de la Junta en relación con el Covid-19, mucho podríamos extendernos. Desde la posición inicial de la consejera Casado, que todavía a principios de abril veía completamente innecesario el uso de mascarilla por parte de las personas no contagiadas, a las incongruencias del plan de medidas de la “nueva normalidad” extrañamente firmado por el consejero de Economía y Hacienda, pasando por el flagrante incumplimiento de las ayudas complementarias de 210 euros mensuales que siguen esperando (y lo que te rondaré) los más de 70.000 trabajadores incluidos en ERTEs.

Por medio pueden disculparse episodios como la compra y distribución de mascarillas no homologadas, pero no las instrucciones cursadas con fecha 23 de marzo por las Gerencias de Salud y Servicios Sociales privando de hospitalización a quienes contrajeron la enfermedad en las residencias de ancianos (públicas y privadas) de la comunidad.

El negrísimo agujero de las residencias de ancianos.– Este último punto constituye el gran agujero negro de la gestión de la Junta. Según sus propios datos, en fecha 24 de marzo habían fallecido víctimas de la pandemia 61 usuarios de las residencias de ancianos. Una semana más tarde, el día 31, dicha cifra se había disparado hasta los 479 (el parte de ese último día de marzo registraba 126 decesos en las 24 horas anteriores). Y dos semanas más tarde, el 14 de abril, el trágico balance arrojaba el saldo de 1.802 muertos. Desde que se cursaron esas fatídicas instrucciones, en tres semanas fallecieron 1.741 residentes, más del 70 por ciento en los propios centros. El 17 de abril la Junta desglosa por primera vez el lugar de los óbitos: De los 1.956 fallecidos en esa fecha, 555 (28,37 %) han muerto en hospitales y 1.401 (71,62 %) en las mismas residencias. A fecha de hoy el balance es de 2.597 víctimas mortales (1.725 muertos en las residencias y 872 en los centros hospitalarios).

¿Cómo piensa el PSOE de Luis Tudanca pedir explicaciones a la Junta sobre este drama cuando, en aras del pacto para la “reconstrucción” ha decidido mirar para otro lado y no solicitar una comisión de investigación como la impulsada por el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo? Sin ese pacto, el gobierno Mañueco concurriría a este Debate sobre el Estado de la Comunidad con un paupérrimo balance y muchas cuentas que rendir. Tras su firma, capeará cómodamente las pastueñas embestidas de la domesticada oposición.