Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, presidió este miércoles en Valladolid un acto de entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a cuatro víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista de Castilla y León
ICAL. El acto fue aprovechado por la vicepresidenta para recalcar el compromiso del Gobierno en la restitución de la dignidad a todas las víctimas del franquismo, para que el sistema democrático no esté sustentado ni en desaparecidos ni en fosas comunes, y en el mismo el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, advirtió que “no hay que bajar la guardia”, ya que la democracia es un derecho conquistado pero no “eterno”, por lo que animó a su defensa diaria.
En su intervención calificó el acto de reparación como “justo y necesario”, pero también como un “grito de protesta por inocentes caídos”, y recordó que en muchos lugares olvidados del país todavía yacen los cuerpos de miles de españoles, “sin que sus seres queridos tengan un lugar digno donde recordarlos y llevarles unas flores”.
Las declaraciones de reparación y reconocimiento personal fueron entregadas por Carmen Calvo a los familiares de Calixto Carbonero Nieto, Arelio García Valea, Florencio Moral Esteban y Saturnino Bilbao de Prada. En todos los casos está acreditado que los afectados padecieron persecución por razones políticas e ideológicas durante la Guerra Civil, y en el caso de Florencio Moral, también durante la Dictadura.
Víctimas
Calixto Carbonero Nieto, viajante de comercio, fue condenado en noviembre de 1936 en consejo de guerra en Salamanca por el supuesto delito de rebelión militar a la pena de 30 años de reclusión mayor. Posteriormente, en 1938 fue condenado a la pena capital por consejo sumarísimo de guerra por su supuesta participación el 22 de mayo de 1938 en una sublevación de presos en el penal de la fortaleza de San Cristóbal. Fue fusilado en la Ciudadela de Pamplona tres meses después.
Por su parte, Arelio García Valea, según se informa desde la Delegación del Gobierno, en verano de 1936 ocupaba el cargo de gestor en el Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) y al estallar la Guerra Civil hizo lo posible porque esa localidad se mantuviese fiel al orden constitucional. Fue condenado por estos hechos en octubre de 1936 a la pena de muerte por un supuesto delito de rebelión militar. Esta pena fue conmutada a reclusión perpetua, pero falleció finalmente por una endocarditis en la prisión central de Burgos, en mayo de 1939.
Mientras tanto, Florencio Moral Esteban fue soldado del Ejército de la II República desde 1932 y durante la Guerra Civil realizó abundantes misiones de espionaje y contraespionaje en el norte de Madrid y provincias limítrofes, llegado a ser apodado ‘el Murallas’ por su capacidad de burlar a las fuerzas enemigas. Al concluir la guerra fue condenado en juicio sumarísimo a la pena de muerte por un supuesto delito de adhesión a la rebelión militar, pena que fue ejecutada en San Lorenzo del Escorial el 19 de abril de 1939.
Por último, Saturnino Bilbao de Prada fue juzgado y absuelto por un supuesto delito de rebelión militar en agosto de 1936 relacionado con la toma de la casa del pueblo de Valladolid, donde tenía el cargo de conserje. Sin embargo, el 10 de abril de 1937 fue extraído de la ‘Cárcel de cocheras de tranvías’ de Valladolid y ejecutado extrajudicialmente en Laguna del Duero (Valladolid).
Nueva Ley de Memoria Histórica
Carmen Calvo anunció que el Gobierno presentará en breve al Congreso una nueva Ley de Memoria Histórica para “seguir avanzando” en el fortalecimiento de la democracia y en la restitución de la dignidad de los represaliados por el franquismo, y en la que se incluirá un plan de exhumaciones, un banco de ADN para la identificación de las víctimas y una “resignificación” del Valla de los Caídos.
No obstante, indicó que es necesario avanzar en recursos públicos, por lo que anunció que se elaborará un plan de exhumaciones en todo el territorio, en el que se “compartirán responsabilidades” con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A su vez, explicó que también se pretende restituir la ignominia que supusieron los juicios sin garantías a los que fueron sometidas muchas de la víctimas que, finalmente acabaron siendo ejecutadas.
Con respecto al Valle de los Caídos, indicó que el objetivo es convertirlo en un lugar de “respeto, paz y silencio” por las víctimas que allí están y que pertenecen a los dos bandos.
Además, la vicepresidenta también recordó que el Gobierno está inmerso estos días en un proceso judicial por el que pretende recuperar la titularidad del pazo Meirás, propiedad de la familia Franco y “que forma parte de lo que consideramos un expolio de los bienes públicos realizados durante la contienda”.
También aseguró que la nueva ley vendrá a seguir avanzando y cubrir espacios vacíos de una política “muy importante para la propia dignidad de la democracia española. Somos una de las grandes democracia del mundo y no podemos tener desaparecidos ni construir el futuro sobre las ignominia de estas víctimas”.
Fosas comunes
Ya en el acto de reparación, Carmen Calvo resaltó que “no puede haber justicia sin verdad y paz sin justicia” y recalcó que el Gobierno se empleará a fondo en restituir la dignidad de las víctimas franquistas, en especial de las miles que todavía están diseminadas por fosas comunes y que sus familiares no han logrado encontrar.
Además, aseguró que con actos como el de este miércoles, que se irán repitiendo por todo el país, también se contribuye a “fortalecer la democracia”, ya que un sistema de libertad como el español no se puede cimentar sobre “miles de personas buscando a sus familiares desaparecidos”. Además, indicó que, “en términos ciudadanos, a la víctimas les debemos estar eternamente agradecidos, ya que ellos pagaron con su vida la defensa pacífica de las convivencia, las libertades y la paz como instrumento de comunicación”.
Además de dar las gracias a los familiares de las víctimas, a los que se refirió como “un pozo de ética en el que se fundamenta la democracia”, recalcó que esta reparación a la dignidad de las víctimas es un asunto muy importante para el Gobierno y que “a mí me honra política y personalmente”.
Por último, reconoció que queda mucho trabajo por hacer y aseguró que “somos herederos de una tragedia que tenemos que resolver para que no vuelva a ocurrir.
