El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto enviar a juicio a toda la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal para enriquecerse durante décadas con actividades corruptas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 les procesa por organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
Según explica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, los Pujol aprovecharon su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas para acumular un patrimonio “desmedido” con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
El juez sitúa el origen de la fortuna en pagos ilícitos de terceras personas, en su mayor parte vinculadas con empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia disimulados bajo estructuras societarias y utilizando paraísos fiscales. Afirma que no existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como alega la familia, de una herencia procedente del abuelo Florenci Pujol.
Señala que parte de esas actividades coincidieron cuando Pujol ostentaba la Presidencia de la Generalitat (1980-2003) al tiempo que ejercía el liderazgo de la organización criminal junto a su mujer.
Considera que el clan era una estructura planificada y con permanencia en el tiempo, desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014.
Las operaciones organizadas por la familia no tenían otra finalidad que «obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas».
La madre superiora
De la Mata explica que el matrimonio dirigía la organización con Marta Ferrusola autollamándose la «madre superiora de la congregación». Por debajo estaban Jordi Pujol Ferrusola, denominado «el capellán de la parroquia», cuyas instrucciones seguían a su vez el resto de los hermanos. Él era el responsable de la recepción y distribución de dinero, según el juez.
Otras personas, además, colaboraron de forma transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fingiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.
