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Juan Carlos I pidió los 65 millones a Corinna Larsen cuando abdicó

Ella se negó y el rey emérito inició una campaña de descrédito hacia su examiga íntima

Corinna Larsen envió una carta al jefe de la casa del rey, Jaime Alfonsín, el 5 de marzo de 2019 en la que afirmaba que Juan Carlos I le había pedido en 2014 que le «devolviera» los 65 millones de euros que le había transferido dos años antes desde la fundación panameña Lucum donde ocultaba una fortuna en Suiza.

 

La petición se produjo después de la abdicación (que se produjo en 2014) y ella se negó al reintegro «para evitar potenciales acusaciones por delitos financieros» y el emérito reaccionó airado: Le «acusó falsamente de haberle robado sus bienes» y desató una «campaña de difamación» contra ella, según la carta que publica El Mundo.

Si se confirmara, supondría que Juan Carlos I reclamó este dinero oculto cuando ya había perdido la inviolabilidad reconocida por la Constitución y también su condición de jefe del Estado y la inviolabilidad que le era inherente.

La misiva fue enviada por los abogados defensores de Larsen cuando la empresaria ya estaba siendo investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa por delito agravado de blanqueo de capitales, al igual que Arturo Fasana y Dante Canónica, los gestores de la Fundación Lucum cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y, a su muerte, Felipe VI y sus hermanas.

La existencia de esta carta fue revelada por la propia Casa Real en el comunicado que difundió el primer domingo del confinamiento por la covid-19, el 15 de marzo, para anunciar que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre.

A partir de su negativa a devolver los casi 65 millones de euros, Corinna Larsen (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein) sostiene que el monarca puso en marcha una «campaña» de acoso contra ella en múltiples frentes.

La carta acusa a Juan Carlos I y a los servicios de inteligencia españoles de la «fabricación y filtración de cientos de noticias falsas en los medios de comunicación españoles que fueron rebotadas por la prensa internacional».

Los abogados de Larsen informan a Felipe VI que «tanto la Policía y los Servicios de Inteligencia británicos como el secretario personal de la reina Isabel II son conscientes de que las amenazas y el acoso proceden del CNI».


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