El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. La norma deroga la legislación de la era Aznar para establecer la gestión directa como modelo preferente y tratará de dificultar que empresas privadas gestionen hospitales públicos.
El fin de la «sanidad franquicia»
La nueva normativa busca revertir el modelo de externalización que ha predominado en las últimas décadas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido contundente al afirmar que el objetivo es evitar que la sanidad pública se convierta en una «franquicia para fondos buitre», señalando directamente a grupos como Quirón o Ribera Salud.
El contenido:
Derogación histórica: La ley tumba la Ley 15/1997, que permitió la entrada de grandes grupos privados en la gestión de centros públicos.
Gestión directa: Se consolida como la modalidad obligatoria, dejando la gestión indirecta solo para «situaciones excepcionales» debidamente justificadas.
Prioridad social: En caso de necesidad de colaboración externa, se dará preferencia a entidades sin ánimo de lucro.
Exigencias y controles
Para que una Administración pueda externalizar un servicio, a partir de ahora deberá cumplir con requisitos estrictos de transparencia y eficiencia:
- Justificación objetiva: Demostrar que no existe capacidad pública para prestar el servicio.
- Acreditación de calidad: Garantizar que la fórmula privada es más sostenible y equitativa que la pública.
- Prohibición de contratos mixtos: Se veta que una misma empresa construya la infraestructura y, a la vez, gestione la prestación sanitaria.
- Auditoría constante: Obligación de publicar indicadores de salud y calidad de forma periódica.
El «efecto Torrejón» y la reversión de modelos
El impulso definitivo de esta ley llega tras el escándalo en el hospital de Torrejón de Ardoz (gestionado por Ribera Salud), donde se filtraron audios de su directiva sugiriendo aumentar las listas de espera para maximizar beneficios.
El Gobierno facilitará ahora herramientas de asesoramiento, a través de la Alta Inspección, para aquellas comunidades autónomas que deseen iniciar procesos de «reversión» de sus hospitales al sistema público directo.
La Comunidad de Madrid
La reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Ejecutivo de tener una «obsesión» con su región, donde existen cinco hospitales de gestión privada.
Ayuso defiende su modelo frente al envejecimiento poblacional y augura que la norma fracasará en el Congreso debido a la «complicada aritmética parlamentaria».
