El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, explicó este viernes tras la reunión de la mesa del Diálogo Social de Castilla y León sobre vivienda que el Gobierno regional ha destinado este año 30.059.281 euros en ayudas al alquiler y a la rehabilitación de viviendas. Esa partida se desglosa en 20.093.412 euros aportados para financiar las solicitudes de ayudas al alquiler recibidas en 2019, que han beneficiado a 12.912 hogares; más las ayudas extraordinarias al alquiler convocadas este año con motivo de la emergencia sanitaria, por valor de 5,4 millones para 3.429 solicitantes; más otros 4,5 millones de euros en ayudas a la rehabilitación, que han ido destinados a otras 1.123 viviendas.
Acompañado por Inmaculada de Pablo de CCOO, Azucena Pérez de UGT, Pedro García de Cecale y la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, María Pardo, Suárez-Quiñones defendió que la mesa del Diálogo Social en materia de vivienda, “está dando un gran resultado, pese a las diferencias y luchas que puede haber entre los integrantes”. En ese sentido, puso como ejemplo que en 2015 el dinero que se aportaba desde el Gobierno regional para las ayudas al alquiler eran 2,9 millones de euros, una cifra que ha sufrido un “incremento exponencial” hasta los 20 millones sufragados en el ejercicio de 2019, “fruto de los acuerdos del Diálogo Social”. “Esta mesa es de las últimas que se crearon y de las que mejores beneficios están generando”, refrendó el representante de Cecale.
Según detalló el consejero, el Plan de Vivienda 2018-2021 ha tenido “un intenso movimiento los últimos meses”. La convocatoria de ayudas al alquiler en 2019 contaba con una dotación inicial de 15,3 millones, que se incrementó con el objetivo de “llegar a cuantas familias las necesitasen” hasta superar los 20 millones. Así, tras atender a 8.270 neneficiarios con la partida inicialmente prevista, en el actual mes de julio se ha pagado a otros 1.571 beneficiarios que quedaron en la reserva a la espera de que se ampliaría la dotación, y quedarían pendientes de pago otros 3.071 beneficiarios por valor de 4,8 millones. La ayuda media, según explicó, ronda los 1562 euros, y beneficia a personas con ingresos limitados, sufragando el 40 por ciento de su alquiler, o el 50 por ciento en el caso de los menores de 35 y los mayores de 65 años.
En su intervención, el consejero recordó que desde comienzos de julio está abierto el plazo de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2020, que contará con una partida presupuestaria inicial idéntica a la del año precedente (15,3 millones), ampliable en siete millones más para “llegar a todos” los que lo necesiten. Por el momento ya se han recibido más de 7.00 solicitudes y el plazo de presentación expira el 3 de agosto, idéntica fecha en la que expirará el proceso de admisión de solicitudes de las ayudas a la rehabilitación, dotadas con otros 4,5 millones, igual también que en 2019.
Suárez-Quiñones también se refirió otras medidas específicas en materia de vivienda adoptadas por la pandemia, referidas específicamente a las viviendas de protección pública de promoción directa del Gobierno regional. Así, durante el estado de alarma se condonó la mitad de la renta de 2.100 familias (a las que la decisión les supuso un ahorro de 400.000 euros), y se acordó el aplazamiento a tres años de las cuotas de amortización mensual de las viviendas vendidas, beneficiando a 7.638 familias.
Alquiler social
El consejero señaló que en la reunión celebrada hoy también se analizó la situación del parque público de alquiler social en Castilla y León, que se puso en marcha en 2015 con poco más de un millar de viviendas, que superaba las 2.000 al término de la pasada legislatura y que deberá rebasar las 3.000 al término de la actual, con el reto de superar las 2.600 al término de 2021.
En ese sentido, explicó que en este momento están en proceso de adaptación 141 viviendas en Castilla y León a través de cuatro promociones, con 2,1 millones de euros de financiación autonómica para una inversión inducida global de 14,6 millones. De ellas, tres promociones se están desarrollando en Salamanca y una cuarta en Valladolid, con 25 viviendas. Además, en 2021 se incluirá en este programa la realización de otras 63 viviendas protegidas en alquiler para familias jóvenes en el Edificio Puente Colgante, con lo cual en total este proyecto moverá una inversión conjunta de 21,8 millones de euros, de los cuales 9,3 serán financiados por la Junta de Castilla y León.
“Es imprescindible seguir incrementando el parque de vivienda social. Además de Valladolid y Salamanca tenemos otros siete ayuntamientos de capitales de provincia en la Comunidad que sería importante que se vayan sumando para desarrollar sus propias políticas de vivienda social”, defendió Inmaculada de Pablo al respecto.
Suárez-Quiñones también se refirió al Programa Rehabitare, que promueve la rehabilitación de las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento en los pueblos, que no se utilizan, y tras recuperarlas se ofrecen en alquiler social. “Esta legislatura hemos incrementado el programa llegando a acuerdos con las diputaciones provinciales para que también aporten fondos, y el Gobierno regional aumentará su aportación en la misma medida en que ellas lo hagan”, señaló adelantando que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández-Mañueco, firmará el próximo miércoles, 29 de julio, en Mansilla de las Mulas (León), un protocolo con todos los presidentes de Diputación que permitirá pasar de 8 millones de inversión a cerca de 14,5.
Por último, señaló que ahora en mismo la Junta trabaja en once áreas de regeneración urbana, propiciando la rehabilitación no solo en viviendas sino en su entorno, para actuar “en los lugares más necesitados de nuestras ciudades y pueblos”. Esas 11 actuaciones en marcha se suman a las 84 que se habían completado ocn anterioridad, para alcanzar a un total de 94 áreas y 13.693 viviendas, en las que se ha aportado una inversión de 309,4 millones de euros. En la mesa celebrada hoy también se abordaron otras cuestiones como el informe de evaluación de edificios, la reforma de la ley del derecho a la vivienda en Castilla y León, que “regulará el parque público de alquiler social, y mejorará los instrumentos para garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna”, y la reforma del derecho urbanístico para “adaptarlo a la nueva realidad de Castilla y León”.
En representación de UGT, Azucena Pérez aplaudió que “desde la Consejería de Fomento y Medioambiente se cree en el Diálogo Social”, ya que “pese a la prórroga de presupuestos desde 2018 siempre encuentran el dinero y los fondos necesarios para ayudar a las familias más vulnerables”.
