El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, pretende que al finalizar la legislatura hayan «echado a andar» todas las mancomunidades de interés general de ámbito urbano (en la actualidad sólo ha iniciado sus pasos la de Valladolid y su alfoz) y «gran parte» de las rurales.
A corto plazo, el objetivo pasa por aprobar la reforma de la ley de ordenación del territorio que eliminará la mayoría reforzada para dibujar el mapa de mancomunidades, que es un «invento» que «petrifica» la ley e impide al Parlamento legislar y renunciar a la aprobación de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (UBOST) para que sean los propios municipios los que lleven la iniciativa de mancomunarse y diseñar ellos mismos los mapas de su agrupación.
En este sentido, Igea cuestiona el método seguido en la pasada Legislatura por el vicepresidente José Antonio de Santiago, de «hacer los mapa desde una oficina» sin tener en cuenta lo que decía «el territorio».
Durante su intervención en Los Desayunos de Ical, Igea señala que en su periplo por varios municipios para explicar el proyecto de ordenación territorial, los alcaldes le han reclamado respeto a la autonomía local, algo que es «sagrado». «Sí, pero el que no tiene autonomía financiera, el que no es capaz de pagar sus servicios no tiene autonomía local».
Igea recuerda que es esencial una ordenación territorial que sea capaz de prestar servicios razonables, y que su idea es, «a pesar de la leyenda negra, no ir al choque permanente». De ahí, que se haya abierto la posibilidad de que los ayuntamientos puedan mancomunarse sin necesidad de que estén finalizados los mapas de ordenación del territorio, de modo que puedan salir, «de abajo arriba e impulsar su creación» voluntaria para la gestión común de servicios, de forma que se garantice una mayor eficiencia a través de una prestación de servicios públicos locales “de carácter mínimo” en las mancomunidades que se declaren de interés general. En este sentido, no prevé utilizar la potestad que le da la ley para constituir estas agrupaciones por decisión de la Junta.
Por lo que respecta a las áreas funcionales estratégicas, con especial baja densidad demográfica y graves desequilibrios, a las que se liga el Plan de Convergencia Interior, y que están incluidas en el pacto de gobernabilidad, Igea apuesta por «hacer las cosas poco a poco» y cuando haya presupuesto. A su juicio, en estos momentos la prioridad pasa por avanzar en la ordenación y en la ley. «No digo que no se vaya a llevar a cabo, ni que no se vaya a definir».
Necesidad, eficiencia y eficacia
Entre las modificaciones que recoge el anteproyecto de ley se incluye que las áreas funcionales son los espacios delimitados geográficamente, que constituyen la referencia espacial para el desarrollo de la ordenación y servicios del territorio, y que estas podrán ser rurales o urbanas, de forma que se desecha la anterior denominación como ‘unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio’ y su extendido acrónimo ‘ubost’, simplificando tanto la variedad de espacios como la terminología.
Aunque la norma abarca a los ámbitos urbanos y rurales, es el medio rural el que requiere una atención específica, máxime ante los retos demográficos a los que se enfrenta Castilla y León. El proyecto recoge que la norma se ha elaborado atendiendo a los principios de “necesidad, eficacia, eficiencia, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad y responsabilidad”, de forma que se persigue promover la efectiva igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y, más concretamente, las condiciones para la “plena y real igualdad” de las personas a la hora de acceder a unos servicios públicos “de calidad”, evitando las cargas administrativas “innecesarias”.
Con esta modificación legal, el Gobierno autonómico pretende impulsar y asegurar una prestación de servicios básicos a toda la población afectada, en condiciones de igualdad; garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación; así como favorecer el asentamiento y la fijación de población en el medio rural.
Áreas funcionales
El anteporyecto diferencia entre las áreas funcionales rurales o urbanas. Las primeras agrupa a dos o más términos municipales de hasta 20.000 habitantes de una provincia, con contigüidad espacial y con características similares, geográficas, históricas, económicas o medioambientales, que tendrá un municipio prestador de servicios generales.
En este ámbito se procurará la prestación de atención sanitaria de nivel primario, educación infantil y primaria, prestaciones sociales esenciales, transporte público de viajeros y acceso a internet y a redes de telecomunicaciones.
De forma excepcional, el área funcional rural podrá agrupar a municipios de más de una provincia, enclaves territoriales en una provincia de municipios pertenecientes a otra en los que no radiquen núcleos de población, o partes discontinuas del territorio de municipios de la misma provincia.
