Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, han ratificado de forma unánime la Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la COVID-19.
La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha participado en esta reunión telemática celebrada junto a responsables ministeriales y autonómicos, valorando de forma positiva el apoyo unánime a esta propuesta de actuaciones «necesarias ante el incremento de la incidencia de la COVID-19 en todas las comunidades autónomas, con un componente de transmisión comunitario que no puede, en muchas ocasiones, vincularse a brotes epidémicos», indica el Ejecutivo regional.
Se trata, por tanto, de un punto de partida, una herramienta de coordinación, común para el conjunto estatal, «que favorece la seguridad jurídica y el conocimiento ciudadano de las medidas en vigor, con independencia del territorio y que permite a la autoridad sanitaria la adopción de acciones coordinadas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud», agrega.
La evolución de la situación epidemiológica, la diversidad de algunas medidas adoptadas en distintos territorios y la necesidad de alinear los esfuerzos adoptados por todas las autoridades sanitarias «hacen necesario establecer un mínimo común de actuaciones en el ámbito propio de las comunidades autónomas, utilizando para ello la figura de la Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública, prevista en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud», indica la Junta.
Estas medidas coordinadas se centran en el control de la transmisión en los ámbitos que, actualmente, son origen de los brotes epidémicos de mayor impacto y riesgo, actuaciones, con el fin de controlar la transmisión comunitaria asociada a esos brotes.
Cada comunidad deberá, utilizando la figura de su ordenamiento jurídico autonómico que considere más válida y efectiva, trasponer las medidas ratificadas, pudiendo modificarlas y endurecerlas en aquellos aspectos que se consideren más necesarios para el control pandémico, atendiendo a las características de cada territorio.
En el caso de la Comunidad de Castilla y León, los Servicios Jurídicos de la Junta estudiarán cuál es la figura normativa más adecuada, con el fin de someter esa trasposición legal a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta.
La Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por la CVID-19 aborda once medidas de control referidas a siete ámbitos diferentes (ocio nocturno; restauración y hostelería; centros socio sanitarios; eventos y actividades multitudinarias; cribados con PCR de grupos específicos; consumo de alcohol no autorizado en vía pública; y consumo de tabaco y asimilados), tres recomendaciones y capacidades sanitarias.
