Las Cortes de Castilla y León instaron este miércoles a la Junta, a propuesta de Ciudadanos, a “establecer medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas” y pidieron al Gobierno mejorar la regulación jurídica de protección de los propietarios. El PSOE, que pidió votar algunos puntos por separado, apoyo parcialmente la PNL y se abstuvo en los apartados que daba más competencias en esta materia a los ayuntamientos, “ya bastante cargados”, y sobre la posibilidad de que las comunidades de vecinos ejerzan un papel de denunciantes.
ICAL.- La PNL aprobada y presentada por la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz se elaboró “pensando en las familias que, por su situación, no tienen donde vivir, ofreciendo más soluciones para compra o alquiler de vivienda”, pero también para castigar con más dureza a las mafias que se introducen en viviendas, “un problema que afecta a todos”. El documento contó con la aprobación de una enmienda de sustitución del PP, presentada por su procurador Ricardo Gavilanes, a uno de los puntos que carga de responsabilidad al Ejecutivo central a la hora de la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios y “legítimos poseedores de vivienda y la protección de la convivencia”. Para ello, se dio luz verde a la petición de modificar la ley “para endurecer las penas en el delito de usurpación con penas de hasta tres años de prisión”; para que la inscripción en el padrón municipal de quienes ocuparan de forma ilegal una vivienda “se considere nula y no constituya prueba de residencia o domicilio, ni atributiva de ningún derecho”, tal y como explicó Gavilanes.
En concreto, esta PNL propone facilitar el domicilio usurpado gracias a la simplificación de la carga administrativa y el procedimiento civil; impulsar las competencias de los ayuntamientos y diputaciones y el papel de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha contra este tipo de delito y otros relacionados en estos casos; y, finalmente, endurecer el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quienes ocupan ilegalmente una vivienda. “Tenemos claro que asistimos a una problemática que, lejos de ser anecdótica o puntual, ha aumentado de forma considerable y, con ella, la aparición de problemas de orden social y económico”, advirtió Sanz.
La procuradora aclaró que se trata de un fenómeno que “vulnera un derecho fundamental reconocido en la Constitución, provoca la inseguridad jurídica de los propietarios y sus familias, genera barreras en el acceso al mercado de la vivienda y altera la convivencia vecinal y compromete seguridad ciudadana”.
La iniciativa reclama impulsar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Municipales, así como con la Administración de Justicia, para procurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y las convivencias ciudadanas.
Asimismo, solicita al Gobierno de España, así como a los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. “Derechos fundamentales que en nuestras manos, en nuestros votos, podemos ofrecer alternativas que garanticen la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos”, afirmó.
Al respecto, la iniciativa solicita agilizar los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente, habitar a las juntas de propietarios para instar a los desalojos de inmuebles que afecten a la convivencia de la comunidad de vecinos, reforzar las competencias de los ayuntamientos y endurecer las sanciones penales. La procuradora segoviana criticó que la ley actual es “absolutamente injusta” y ha demandado aprobar la Ley que Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados para garantizar la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas.
Votación por separado
El procurador socialista Ángel Hernández, en un tono conciliador, aclaró que el PSOE es “defensor de la propiedad privada de todos los ciudadanos”, pero descartó “entrar en discursos demagógicos y populistas como otros grupos de la Cámara”. Recordó que en España hay más de seis millones de viviendas no principales y se presentaron 14.000 denuncias en el primer semestre, “pero habría que discernir la ocupación”. En Castilla y León hay un parque de 1,75 millones de viviendas, de las que 650.000 “no son principales”. “La Justicia tarda en resolver más de lo que debería, pero lo está haciendo. Tenemos un sistema judicial garantista. No podemos decir que deje de serlo, siempre lo dice el vicepresidente, Francisco Igea. Por ello estamos en la mayor parte de acuerdo con su propuesta”, trasladó Hernández, quien argumentó, no obstante, que ni las comunidades de vecinos “pueden denunciar como terceros, sino que deben ser los propietarios”, y descargó otorgar esta competencia a los ayuntamientos, “que ya tienen muchas”, los dos puntos en los que la formación se abstuvo y que salieron adelante sólo con los votos a favor de PP, Cs y parte del Grupo Mixto.
El más duro en el debate fue el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien consideró que la ocupación “puede ser un problema, pero desde luego no es el que ustedes quieren hacer ver”, trasladó a Cs, pues a su juicio la Constitución “consagra el derecho a la vivienda”. “Es deleznable que haya 3,5 millones de casas vacías en España y haya miles de personas en dificultades extremas para acceder a ellas. Es el nudo gordiano de la cuestión. Muchas de ellos son propiedad de los bancos”, expuso, para justificar su voto en contra.
“No les veo azorados por que los bancos se hayan quedado con las casas de más de 600.000 personas cuando aún deben más de 60.000 millones a todos los españoles por un rescate”, prosiguió Fernández, quien acusó a Cs de “utilizar el miedo y criminalizar la pobreza”. “Solucionen el problema con un parque pública de viviendas y ayudas al alquiler. Ustedes son los auténticos antisistema porque en Castilla y León no hay un parque público de viviendas de alquiler y están obligados. Actualmente solo es un pírrico dos por ciento y nosotros pedimos el 20. Están ustedes manipulando a la gente”, incidió el responsable de Podemos.
En su respuesta, la procuradora de Cs Marta Sanz le recriminó que “sea tan previsible, con un discurso sectario que cada día aburre más y se repite más que la morcilla de Burgos”. “Elige solo los artículos de la Constitución que le interesan”, deslizó Sanz, quien instó a Podemos a “ponerse a legislar en el Gobierno y realizar leyes garantistas”. “Que el inmueble sea de un banco no acredita que se cometa un delito. ¿Los vecinos tienen culpa de eso? Ni siquiera se ha leído la PNL. Está usted con Alicia en el País de las Maravillas”, le reprochó, mientras le mostraba un libro del cuento de Oz.
Por último, el procurador de Vox, Jesús García-Conde, consideró “intolerable que en el S.XXI haya debatir sobre la inviolabilidad de la propiedad privada” y añadió que el “fenómeno de la ocupación está amparada y asentada en el Gobierno”. “Da igual que se trate de gente pudiente con dos o tres viviendas o una familia humilde con una casa humilde. Pedimos el endurecimiento de las penas, expulsión de las ayudas y a los okupas hay que sacarlos rápido, sin miramientos y en el mismo día”, explicó para justificar su voto a favor. Al respecto, Marta Sanz agradeció que “vayan juntos en el fondo, aunque no en las formas”.
