La consejera de Empleo e Industria de la Junta, Carlota Amigo, aseguró este lunes que en las ayudas a los ERTE pactadas dentro del Diálogo Social nunca hubo “voluntad de incumplimiento”, pero sí voluntad de adaptar las ayudas a una situación que ha cambiado radicalmente desde su firma el pasado 25 de marzo.
ICAL. En su comparecencia ante la Comisión de Empleo de las Cortes, Amigo explicó que las ayudas pactadas con los agentes sociales se han tenido que “adaptarse a la realidad de nuestra Comunidad, ya que nadie pensó que la duración de los ERTE fuese a ser la que al final ha sido”, como demuestra que el Gobierno se ha visto obligado a ampliarlos, además de recordar que entonces la Junta fijó una dotación presupuestaria de seis millones de euros para hacer frente a estas ayudas.
La consejera, que aseguró que el Diálogo Social “está más vivo que nunca”, recordó que el modelo elegido en España para hacer frente a la crisis de empleo por la Covid-19 es el de los ERTE, por lo que las ayudas de la Junta deben ser vistas como “complementarias y destinadas a los trabajadores más afectados y más vulnerables”.
En este sentido, destacó que la propuesta de que sean los trabajadores de empresas de menos de 250 empleados los que puedan solicitar estas ayudas hace que se ajuste más al espíritu de los acuerdos del 25 de marzo, que propone ayudas a autónomos, pymes y micropymes, “que son las que generan y concentran más empleo en Castilla y León”.
“El Diálogo Social es un compromiso para este Gobierno, pero igualmente lo es el cumplir con lo presupuestado y que las ayudas estén lo más ajustadas a la realidad que viven los trabajadores castellanos y leoneses, especialmente, a la de aquellos más afectados por esta crisis de empleo”, afirmó.
En total, entre el día 3 y el día 17 de agosto, la Consejería de Empleo ha recibido un total de 51.346 solicitudes de ayuda con cargo al programa extraordinario, aunque matizó que se trata de una cifra provisional.
