Los ayuntamientos de Salamanca y la Diputación Provincial no podrán disponer de los 61,7 millones de euros de remanentes de Tesorería para gastos generales, en base a las cantidades que acreditaron en 2019, al no salir adelante el fondo de 5.000 millones acordados entre el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que pretendía dar salida a parte del dinero que las entidades locales no pueden gastar desde 2012.
Ese año entró en vigor la Ley Montoro o Ley de Estabilidad Presupuestaria que impedía mediante la llamada regla disponer libremente de los remanentes (el dinero que tienen en el banco) y el superávit anual de cada entidad local.
El superávit es la situación en la que una entidad tiene más ingresos que gastos. Por ejemplo, si en 2019 un ayuntamiento ingresó 100 millones de euros y gastó 80 millones, tiene un superávit de 20 millones.
Los remanentes de tesorería para gastos generales, por su parte, son los ahorros acumulados de años pasados que incluyen los superávits que no se han gastado.
La regla de gasto (artículo 12 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria) establece que un ayuntamiento no puede gastar más de una cantidad determinada con respecto al año anterior.
La cantidad además viene marcada por la “tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”, que en 2020 es del 2,9%. Por ejemplo, si en 2019 un ayuntamiento gastó 100 millones de euros, según esta regla, en 2020 no puede gastar más de 102,9 millones.
Ambas condiciones impiden que los ayuntamientos puedan gastar los remanentes que tienen acumulados. Por un lado, porque no pueden gastar mucho más que el año anterior, y por otro porque estos remanentes solo pueden destinarse a amortizar deuda (artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria) o a depósitos bancarios siempre que no se incurra en déficit. Actualmente el dinero en el banco tiene una rentabilidad negativa si se tiene en cuenta la inflación y así seguirá siendo cuando han podido disponer de él y recuperarlo en pocos años.
Los ayuntamientos pueden esquivarla cuando se trate de gastos en inversiones financieramente sostenibles, aunque solo se pueden destinar en determinados temas como alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público, protección y mejora del medio ambiente, mejora de sistemas agropecuarios productivos, industria, energía, comercio, información y promoción turística, transporte de viajeros, infraestructuras de transporte, recursos hidráulicos, investigación científica, sociedad de la información y gestión del conocimiento.
El decreto rechazado en el Congreso (solo lo apoyaron PSOE y Unidas Podemos) habría permitido mejorar la financiación de ayuntamientos y diputaciones, poniendo en sus manos importantes cantidades que podrían haber destinado a gastos que revertirían directamente en la ciudadanía, relacionados con el medio ambiente y la movilidad sostenible, refuerzo de los servicios sociales y en promoción de la cultura, por ejemplo, un sector fuertemente castigado por la crisis del coronavirus y que ahora lo necesita más que nunca.
Incluso ha habido voces discrepantes entre alcaldes socialistas, las menos, pero también alcaldes del PP que veían con buenos ojos este instrumento de financiación en tiempos revueltos como los que vivimos.
El caso es que el Gobierno no ha sabido tener cintura para ganar apoyos y evitar que el PP, que solo buscaba el bloqueo, se saliera con la suya atrayendo voluntades, como así ha sido, para paralizar una importante cantidad de dinero para los ayuntamientos y diputaciones provinciales.
En Salamanca hablamos de 61,75 millones, según los datos de la Delegación del Giobierno en la región, de los que 29,33 corresponderían al dinero que podrían haber recibido gratis los ayuntamientos, y los 32,42 millones restantes, la Diputación, que se ha opuesto siguiendo el argumentario de Génova sin saber probablemente a qué estaban diciendo que no.
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La Participación en el Fondo habría sido proporcional a la cantidad de los remanentes voluntariamente aportados por cada entidad al préstamo a la Administración General del Estado, que esta devolvería íntegramente en un plazo de 15 años, de modo que, de esos 5.000 millones que el Estado transfiere a fondo perdido (2.000 millones en 2020 y otros 3.000 en 2021), quienes participaran se asegurarían una cantidad mínima de “la tarta que se iba a repartir”, el 35% al menos de la que hayan acreditado, que puede ser mayor si no participan todos.
Otras medidas
El acuerdo con la FEMP preveía, asimismo, que la aplicación de la regla de gasto (una forma de controlar el equilibrio presupuestario, de manera que el gasto público se mantenga en los márgenes de los ingresos esperados) quedara suspendida durante 2020, así como que los remanentes de 2019 se puedan destinar para financiar gastos en 2020 siempre que se cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria.
No están incluidas en estas cantidades las correspondientes al Fondo de transportes, otra inyección de hasta 400 millones de euros con la que el Estado pretendía compensar a los ayuntamientos por la caída de ingresos del transporte público colectivo urbano durante el estado de alarma, así como el déficit que se produzca hasta final de 2020 por reducción de ingresos y costes extraordinarios provocados por la COVID. En virtud de ese fondo, las entidades recibirían hasta el 33% de los ingresos por tarifa correspondientes a 2018 que puedan acreditar.
