Los sindicatos CSIF y UGT anunciaron este lunes que el 30 de septiembre realizarán una «gran movilización» y otra serie de acciones a lo largo del mes ante el «incumplimiento» por parte del Gobierno del IV Covenio Colectivo de la Administración General del Estado (AGE), acordado en marzo del 2019 para reducir la brecha salarial entre el personal laboral y los funcionarios.
Ical.- En una rueda de prensa conjunta, las organizaciones explicaron que, en función de la respuesta que reciban a sus reivindicaciones no descartan la posibilidad de hacer un «llamamiento a la huelga del personal laboral» de la AGE.
A la «gran movilización» convocada para el 30 de septiembre se le unirán otras más «pequeñas» a lo largo del mes, explicó el responsable de negociación del covenio único de AGE por parte de UGT, Gabriel Filipini, que también detalló que se van a «presentar conflictos colectivos por todos y cada uno de los incumplimientos del IV Convenio Colectivo».
Asimismo, los sindicatos anunciaron una «ronda de reuniones» con los partidos políticos para «explicarles la situación», aunque no detallaron cuándo se producirán ni con qué formaciones conversarán, y también apuntaron que acudirán al Defensor del Pueblo para que inste al Gobierno a «cumplir lo pactado».
El IV Convenio Colectivo de la AGE se suscribió el 4 de marzo de 2019 y su objetivo era reducir la brecha salarial entre el personal laboral y los funcionarios. Según el informe «Mapa de la desigualdad salarial en la AGE», presentado el lunes pasado por UGT, existen diferencias retributivas «significativas» entre ambos grupos a pesar de que los requisitos de acceso son «los mismos» en las categorías equivalentes.
«El desprecio mostrado por la negociación colectiva y la inactividad deliberada de la Administración (…) causa importantes agravios a los trabajadores», aseguró por su parte la secretaria de Negociación de CSIF, Milagros Dorronzoro, que cifró en casi 40.000 personas el volumen del personal laboral en la AGE perjudicada por el incumplimiento del convenio.
Los sindicatos también señalaron que los retrasos en las nóminas desde el 1 de enero de 2019 de esas casi 40.000 personas suman una horquilla de entre 357 y 1.325 euros y subrayaron que Función Pública ha incumplido en la negociación de los procesos de cambios de régimen jurídico para el personal laboral que realiza funciones reservadas por ley a los funcionarios.
En ese sentido, denunciaron que esta situación «secuestra» el derecho del personal laboral a la movilidad dado que mientras la Administración no acceda a llevar a cabo su encuadramiento no se pueden poner en marcha los concursos de movilidad.
En lo que se refiere a la subida salarial, las organizaciones señalaron que Función Pública les ha trasladado que a pesar de estar cuantificada y autorizada por el Ministerio de Hacienda no se podrá llevar a cabo hasta que no se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
