La Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (Ameacyl), que representa tanto a médicos como enfermeras de área de Atención Primaria del Servicio de Salud, ha difundido un nuevo estudio sobre la Atención Primaria de Castilla y León en colaboración con la Federación Nacional de Médicos y Enfermeros de Atención Continuada (Femeac), en el que se afirma que existen múltiples aspectos que pueden ser objeto de intervención en relación con la gestión del personal y su organización, pudiendo incluso disminuir el presupuesto destinado en este nivel de atención sanitaria ampliando la plantilla de profesionales.
A través de la reordenación del personal de Urgencias de los centros de salud se mejoraría también el seguimiento de los pacientes y la conciliación de los profesionales, optimizando el sistema de la actualidad, que impide que los médicos y enfermeros puedan realizar íntegramente su jornada laboral y que genera a la Consejería de Sanidad un sobrecoste estimado entre 56 y 65 millones de euros al año.
El informe señala que las intervenciones realizadas en Castilla y León para reorganizar la asistencia sanitaria en Atención Primaria “han sido muy limitadas desde que fuese implantada en 1985, sin profundizar y resolver las dificultades históricas como el tamaño reducido de las plantillas o la mejora de la capacidad de fidelización de nuevos profesionales en el servicio de salud”.
En este sentido, una medida de la Consejería de Sanidad fue la creación de los médicos y enfermeros de área en 2006, a los que no dotó de horario laboral propio, de un centro de trabajo determinado o función asistencial específica, creando vinculaciones laborales de gran inestabilidad que permitían disponer de forma permanente de este personal para realizar las coberturas que fuesen necesarias.
Esta medida fue única en España, “optando en el resto de servicios sanitarios por otros sistemas organizativos que se han demostrado más productivos y eficientes, siendo crucial en Castilla y León el reconocimiento judicial del derecho al descanso después de realizar las guardias en 2011, así como su particular aplicación y reconocimiento al personal en el servicio de salud, que es motivo reiterado de reclamación de los pacientes al crear dificultades para ser atendidos por su médico o enfermera de referencia”.
Asegura que la pandemia por Covid-19 “ha acentuado aún más la crítica situación que atravesaba este nivel asistencial”, en el que una plantilla reducida de profesionales con jornadas ajustadas al máximo de horas extraordinarias (complementarias) o incluso superándolas de forma voluntaria, “ha generado innumerables dificultades para la cobertura de sustituciones y para la contratación de nuevos profesionales, conduciendo a un sistema organizativo menos productivo de lo que cabría esperar por la formación y experiencia del personal con el que cuenta, así como de la inversión económica de la que está dotado para la consecución de los objetivos que persigue”.
Entre las múltiples conclusiones del estudio, publicado íntegramente en la web de la Agrupación y ya remitido a la Consejería de Sanidad, destaca el elevado coste de la cobertura de las urgencias de los centros de salud a nivel regional, consecuencia de la falta de intervención sobre un sistema de gestión de personal que no se ha ido adaptando a las resoluciones judiciales de la última década de forma eficiente, al no poder garantizar que los profesionales realicen íntegramente la jornada por la que son retribuidos en sus nóminas, y generando así mayores costes de sustitución y frecuentes vacíos asistenciales.
De hecho, la organización actual en Castilla y León supone un mayor coste para la Consejería de Sanidad que la creación de un cuerpo específico de profesionales para la atención de Urgencias de los centros de salud, lo que mejoraría la calidad asistencial, tanto en las consultas como en las urgencias fuera del horario habitual de consulta, además de contribuir a la reducción de las listas de espera en Atención Primaria.
Por otro lado, se producirían mejoras evidentes en la conciliación social, familiar y laboral de todos los trabajadores y se garantizaría la realización íntegra de la jornada del personal evitando los constantes cambios de turno de la actualidad, además de crearse puestos de trabajo más atractivos que facilitarían la fijación de nuevos médicos y enfermeras en la comunidad, permitiendo de esta forma la ampliación de las plantillas y reduciendo el coste final del servicio para la Administración entre 56 y 65 millones de euros al año. “De esta forma, se pondría freno a la incesante emigración de profesionales en busca de mejores condiciones de trabajo, permitiendo su estabilización laboral en Castilla y León”, señala.
Desde la puesta en funcionamiento del Gobierno Regional en 2019, la Consejería de Sanidad ha venido reclamando un incremento del presupuesto asignado a Sanidad, si bien los resultados del estudio evidencian que “es posible reducir el coste de la cobertura del Servicio de Urgencias de los Centros de Salud al mismo tiempo en que se realizan innumerables mejoras del sistema, y que incluso permite la ampliación de la plantilla reorganizando de forma eficaz las funciones de sus profesionales”.
