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“Gatillazo” de la amiga Ana Carlota en su festín de “libres designaciones”

Leticia Pérez. ICAL . Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. 3
Leticia Pérez/. ICAL . Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León.

La amiga Ana Carlota, la dama de las orquídeas, no levanta cabeza. Además de tener soliviantados a los agentes del Diálogo Social y a los trabajadores en ERTEs que siguen esperando el complemento firmado el pasado 25 de marzo, la purga interna iniciada a su llegada al cargo le ha deparado un “gatillazo” que en el mejor de los casos evidencia su supino desconocimiento de la Administración (en el peor estaríamos hablando de su desprecio de la legalidad vigente).

La Consejería se ha visto obligada a dejar sin efecto las órdenes de convocatoria y adjudicación de seis puestos de libre designación en el Servicio Público de Emplio (ECYL), entre ellos cuatro Jefaturas de Servicio, tras tener que admitir que la Relación de Puestos de Trabajo aplicada estaba anulada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Todo un patinazo que ha obligado a la consejera a convocar de nuevo dichos puestos que, una vez subsanada la chapuza administrativa, nadie duda que recaerán sobre los mismos adjudicatarios.

Pero puede que no sea el único “gatillazo” en el festín de “libres designaciones” que vienen dándose la amiga Ana Carlota y su sombra, el viceconsejero David Martín (junto a las seis referidas, en el Bocyl del pasado martes se convocaban otras nueve). La purga realizada en las gerencias provinciales del Servicio Público de Empleo puede depararles nuevos contratiempos.

Como en su día reseñó “El topillo”, a primeros de julio la consejera se cargó a los gerentes provinciales del Ecyl en Salamanca, Ávila, Valladolid y Burgos, así como a la jefa de la Oficina Territorial de Trabajo en León, todos ellos cargos de “libre designación”. Y en un hecho sin precedentes, tres de esos ceses, los de los gerentes de Ávila y Salamanca, y el de la Jefa de la Oficina en León, se justificaron invocando un supuesto “interés publico” consistente en que “para sus superiores jerárquicos se ha producido la pérdida de confianza en sus actuaciones”, según constaba literalmente en las órdenes publicadas en el Bocyl. (A diferencia de los anteriores, a los gerentes de Valladolid y Burgos, que aceptaron la pantomima del “cese a petición propia”, se les agradecía, como buenos chicos, los servicios prestados).

Ya veremos como se pronuncian los tribunales ante los recursos legales interpuestos por algunos de los “purgados”

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