La procuradora y coordinadora del área de Familia del PSOECyL, Nuria Rubio, advirtió hoy de que “si en el plazo de una semana, la Junta no entrega los datos de lo que ha sucedido en las residencias privadas, con desglose de todas las inspecciones y visitas que han realizado presencialmente los equipos COVID”, el lunes 19 su grupo registrará en las Cortes de Castilla y León la propuesta de constitución de una comisión de investigación”.
Ical.- La comparecencia a petición propia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, para presentar el informe ‘Impacto del COVID-19 en las residencias de personas mayores de Castilla y León y las actuaciones llevadas a cabo’, se saldó con esta amenaza de los socialistas.
“Los grupos políticos, pero sobre todo la ciudadanía debe saber de una vez por todas lo que ha ocurrido en los centros de mayores de nuestra Comunidad durante la pandemia”, señaló Rubio, ante lo cual la consejera recalcó que “pese a sus amenazas y bravatas” no se va a saltar “lo que dicen los informes técnicos, tanto de la Consejería como del Ministerio o de protección de datos”.
“Si no damos los datos de las residencias privadas es porque no los podemos dar, por un informe de los servicios jurídicos, que no se den salvo autorización de las familias y los centros. Yo no voy a prevaricar saltándome los informes técnicos y jurídicos, que nos gusten o no están para cumplirlos. Si una instancia superior nos dice que vayamos contra los informes jurídicos lo haré automáticamente, no tengo ningún interés en no facilitarlos”, subrayó.
En ese sentido, apuntó que esos informes les dicen que “sin la autorización de los centros no se faciliten esos datos”, ante lo cual Rubio recordó que “otras autonomías sí han facilitado los datos de las residencias privadas y parece que no hay procedimientos judiciales contra ellas”. “El Procurador del Común nos dice que nos retrotraigamos en el expediente ante una queja o pregunta relazada, que demos nuevamente trámite de audiencia, y así se ha pedido autorización a los centros dos veces, y que a la vista de lo que se dicte en esa audiencia ponderemos dar o no dar los datos”, aclaró Blanco antes de reconocer que le gustaría “que el Gobierno de España tuviera la misma transparencia”.
La procuradora por Podemos en el Grupo Mixto, Laura Domínguez, se congratuló del anuncio de la futura petición de constitución de una comisión de investigación, ya que según expuso en declaraciones recogidas por Ical desde la formación morada llevan “tres meses” reclamando la creación de esa comisión, “apoyada por sindicatos de profesionales y por familiares de residentes y víctimas”. “Seguiremos exigiendo la creación de esa comisión de investigación que está claro que el PP y Cs no tienen ninguna intención de abrir”, expuso.
Llegar “hasta el final”
Tanto Rubio como Domínguez, coincidieron en criticar la intervención de la consejera, que Rubio calificó como “tomadura de pelo”, y “una falta de respeto a este parlamento” ya que, en su opinión, no aportó “nada nuevo” respecto a la presentación a los medios del informe realizada el pasado 30 de septiembre. “El PSOE llegará hasta el final para descubrir y poner en evidencia la gestión de esta Consejería en materia de residencias durante la crisis sanitaria. Hemos hecho una oposición responsable, nos sumamos a trabajar, hicimos un plan de choque, aportaciones desde la lealtad a quien gestionaba y a la ciudadanía, pero a cambio recibimos faltas de respeto, tratándonos como si fuéramos bobos”, lamentó Rubio.
Domínguez, por su parte, apuntó que el informe “emite juicios de valor”, algo “increíble y vergonzoso”, y aseguró que “incluso miente y presenta insuficiencias”. “¿Por qué no se habla sobre el personal, la gestión de las bolsas de empleo, la no formación de los contratados durante el estado de alarma, las vacantes que había antes del estado de alarma sin cubrir, de las características del modelo, de cómo se aisló a los residentes…? No se habla de los efectos de los planes de contingencia ni de las no derivaciones a los hospitales y nos preguntamos por qué sucedió todo esto y aquí hoy no se habla de absolutamente nada”, lamentó.
Por su parte, la consejera defendió que el informe de 190 páginas se ha elaborado “desde el rigor y desde el respeto”, y apuntó que “todos los informes son opinables, y habrá gente a la que le guste y gente a la que no”. “Seguimos trabajando en la elaboración de una nueva ley de tratamiento residencial, que mejore los ratios de personal, pero el déficit de sanitarios es estructural, de esta comunidad y de todas las autonomías españolas. Castilla y León no es una isla, y los problemas estructurales que tenemos con el personal sanitario son comunes al resto de España”, lamentó Blanco.
En su intervención, recalcó que ella “nunca” ha eludido su responsabilidad, y que nunca ha mentido, si bien recordó que “el Gobierno central también tenía su impresionabilidad porque asumió el mando único durante el estado de alarma”. “Ellos dictaban las órdenes, a través del ministro de sanidad, y nosotros las gestionábamos. Aquí la responsabilidad es de los dos. Hay una corresponsabilidad”, insistió tras recalcar que ella, en ningún momento ha rehuido su responsabilidad.
Hospitales e inspecciones
Cuestionada sobre por qué el informe sólo dedica una de sus 190 páginas al asunto de las derivaciones de residentes a los hospitales, y por la supuesta orden de sanidad de no derivar a los pacientes afectados a los centros sanitarios, Blanco explicó que se derivó a 5.000 personas a los hospitales, “siempre con criterios médicos y en función de lo que decían los profesionales sanitarios”.
Y respecto a la petición de información sobre las inspecciones realizadas en las residencias, procedió a leer la relación de las 828 ejecutadas desde el inicio de la pandemia residencia a residencia, antes de detenerse y anunciar que colgarán toda esa información en internet en breve.
“Sabemos que hay que mejorar e incrementar el control. El pasado mes de agosto se han incorporado nueve inspectores más y queremos seguir trabajando para reforzar el sistema de inspección”, recordó la consejera, mientras que la representante socialista le achacaba que solo ha habido 10 expedientes sancionadores en más de 800 inspecciones, “un porcentaje mínimo”, y que “solo se han intervenido seis centros”.
Por su parte, la representante de Ciudadanos, María Teresa Gago, acusó a la oposición de “superar cotas de mezquindad nunca antes vistas en sede parlamentaria”, y de estar “dispuestos a hacer política con el dolor, la miseria y la desesperación humana”, “retorciendo y estrujando la realidad, con un desprecio absoluto por la verdad, bajo la convicción de que a ellos no les hubiera pasado lo mismo si hubieran gobernado”.
“Este informe es un primer paso que nos guía en la mejora del sistema de protección social de Castilla y León y de una nueva ley de tratamiento residencial. Debemos garantizar que las próximas generaciones cuenten con una atención de garantía y calidad. En marzo nadie estaba preparado par afrontar esta pandemia, y ha quedado demostrado que, a mayor tasa de contagios en un territorio, mayor incidencia en sus centros residenciales”, explicó. Tras recalcar que “solo un buen diagnóstico permite un buen tratamiento” pidió al resto de fuerzas políticas “responsabilidad”: “Blindemos nuestro sistema de atención social en Castilla y León”, instó.
Por su parte, en nombre del grupo parlamentario ‘popular’ tomó la palabra la procuradora María Ángeles García, para quien la comparecencia de Blanco hoy fue “un ejercicio claro de transparencia”. En su exposición se ciñó al informe presentado por el CSIS la pasada semana, subrayando las coincidencias con el informe elaborado por la propia Consejería, en cuestiones como que “la titularidad de las residencias no influye en la incidencia de la pandemia”. “El CSIC dice que los planes anteriores a la pandemia redactados por sanidad no especificaban cómo actuar en las residencias de mayores. Dice que se infravaloró la trascendencia del virus, y que cuando se avisó el virus ya estaba dentro de los centros residenciales. No estábamos preparados para esta pandemia, y si el Gobierno de España hacía caso omiso a las advertencias de seguridad que recibía menos aún”, apuntó antes de lamentar que la Vicepresidencia de Servicios Sociales solo haya convocado hasta el momento cuatro reuniones con las comunidades.
