El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha presentado este miércoles un proyecto de oferta de empleo público en la Administración General del Estado que reduce en un 37,6 por ciento el número de plazas en relación a la oferta acordada en 2019. Esta propuesta iría incluida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, la oferta de empleo público que se ha puesto encima de la mesa contempla 7.066 plazas de acceso libre (personas que ingresan en la Administración) y 6.247 plazas destinadas a la promoción interna, frente a las 11.338 y 8.350 contempladas, respectivamente, en 2019. «Esta oferta es insuficiente y así se lo hemos trasladado a Función Pública», indica CSIF.
Asegura que esto supone un 37,6 por ciento menos respecto a las 11.338 de acceso libre que se aprobaron el año pasado y de un 32,3 por ciento en el global de las plazas (acceso libre y promoción interna).
Además, la oferta de empleo público no cubre el cien por cien de la tasa de reposición: el número de plazas de nuevo ingreso propuestas son 988 menos que las bajas producidas por fallecimientos y jubilaciones, por lo que se estaría destruyendo empleo.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la administración general del estado, advierte de que la oferta de empleo público presentada por el Gobierno «pone en peligro la viabilidad de esta administración, teniendo en cuenta los graves problemas por los que atraviesan ámbitos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Seguridad Social en la gestión de prestaciones como los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital».
Se da la circunstancia de que la Administración General del Estado ha perdido en los últimos diez años, entre enero de 2010 y enero de 2020, 43.477 plazas, según datos del Registro Central de Personal. Esto supone una pérdida de 12 empleados públicos al día. «La Administración Pública se está desangrando. Además, el 19,22 por ciento de la plantilla tiene más de 60 años y por tanto está a las puertas de la jubilación», indica el sindicato.
CSIF considera que los 800.000 nuevos empleos anunciados por el presidente del Gobierno también deben ir destinados a reforzar los servicios públicos. CSIF entiende que «este plan debe de ir acompañado de un análisis sobre los recursos humanos que siempre hemos demandado para reforzar ámbitos que con la pandemia se encuentran seriamente comprometidos como son la sanidad, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo, así como en los servicios sociales la educación, la justicia, Agencia Tributaria o los fuerzas y cuerpos de seguridad».
Agrega que «las administraciones públicas deben de ser uno de los pilares de la reconstrucción del país, mediante la creación de empleo de calidad y el fortalecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía que, como hemos visto, se encuentran en una situación muy delicada».
