El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha protagonizado este lunes un hecho hasta ahora insólito, rozando la injerencia con la labor del Ejecutivo, al emitir un comunicado mostrando su rechazo a la propuesta de reforma el Consejo general del Poder Judicial (el gobierno de los jueces), propuesta por el Gobierno ante el bloque de las negociaciones por parte del PP.
Y el TSJCyL se ha alineado con la tesis del PP, el partido que bloquea el acuerdo porque incluso estando en minoría quiere ser quien imponga sus tesis, que ahora resultan coincidentes con las del alto tribunal regional.
Un alto tribunal que no dijo nada cuando el senador popular Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía y jefe del cuerpo cuando se organizó la policía patriótica de la ‘Kitchen’, alardeaba en una conversación de Whatsapp de que el acuerdo de noviembre de 2018 para renovar el CGPJ (luego incumplido por el PP) había sido «una jugada estupenda» porque los populares controlarían la sala segunda del Tribunal Supremo «desde detrás».
El TSJCyL dice en su comunicado de este lunes que tras tener conocimiento de la propuesta de Ley presentada por dos grupos parlamentarios en la que se articula una profunda reforma del sistema de elección de los miembros de extracción judicial del CGPJ, solo puede mostrar “su rechazo y su preocupación por una modificación normativa que supone una merma de las garantías de independencia judicial”.
La Sala estimó que “la independencia solamente se conseguirá siguiendo las recomendaciones del informe GRECO y de la Comisión de Venecia, mediante la designación directa de los doce vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces y magistrados”, trasladó el Tribunal a través de un comunicado. O sea, corporativismo puro que es la última propuesta del PP.
Al mismo tiempo, el Tribunal consideró imprescindible que, con el obligado respeto al espíritu de la Constitución, “se produzca el inmediato desbloqueo en relación con la renovación del CGPJ y de los restantes órganos constitucionales, apartando dichos procesos de cualquier confrontación política que pueda ofrecer una apariencia de contaminación que comprometa su necesaria independencia”, sentenciaron.
