Los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y del Partido Popular ha presentado una Proposición de Ley para modificar la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla y León, para ampliar y mejorar el servicio de teleasistencia en Castilla y León.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha señalado que “con la presentación de esta Proposición de Ley se cumple el compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y se da cumplimiento el acuerdo de Legislatura entre el Partido Popular y Ciudadanos”.
El popular manifestó que “se pretende el establecimiento único del servicio en toda la Comunidad de Castilla y León, que permita progresar en la teleasistencia avanzada, para prestar más y mejores servicios a los usuarios”.
De la Hoz precisó que la Junta de Castilla y León “asumirá la regulación, planificación y dirección de la teleasistencia. Además se eliminaría el copago, asumiendo la Junta su financiación íntegra”.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, David Castaño, ha afirmado que “la teleasistencia es vital en estos momentos. Queremos mejorar su coordinación y su eficiencia en la Comunidad, dando una atención temprana”.
Con esta modificación, la Junta eliminaría el copago y asumiría el 100% de los costes de este servicio con una inversión de 4 millones de euros (hasta ahora, el Ejecutivo transfería 1,3 millones de euros a las corporaciones locales), así como su coordinación, para garantizar la prestación en condiciones de igualdad en todo el territorio.
El parlamentario autonómico ha destacado la importancia de la ‘llamada activa’, es decir, estos servicios no se pondrán en marcha sólo cuando llamen las personas afectadas, sino que serán las empresas derivadas o los propios servicios sociales los que hagan un seguimiento de los casos y contacten con ellos. “Es importante que el servicio sea común, unificado en las nueve provincias, para asegurar que los ciudadanos que lo necesiten cuenten la asistencia sanitaria y social cuando les haga realmente falta”, ha asegurado.
El texto presentado por ambos grupos, incide en que Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas más envejecidas y que con más servicios derivados de la edad. De hecho, sólo el pasado año se atendieron el servicio de teleasistencia a 26.000 personas el pasado, de las cuáles, 14.000 eran dependientes.
“Crear una base de datos entre todas las provincias y compartirla con Sanidad hará que el sistema sea más inteligente y detecte un posible problema cuanto antes”, ha finalizado.