Más de 26.000 personas, 14.000 de ellas con algún grado de dependencia (datos de 2019), se beneficiarán de la gratuidad de la teleasistencia avanzada, después de que el Consejo de Gobierno tomara en consideración la Proposición de Ley presentada por PP y Ciudadanos que permitirá la regulación de este servicio, su planificación, dirección y establecimiento de criterios comunes, además de la financiación necesaria. Se pretende, de esta manera, garantizar la igualdad en el acceso y contenido de la teleasistencia en todo el territorio de Castilla y León.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, señaló que la teleasistencia avanzada “es un gran paso”. “Somos la primera comunidad que la regula y la ordena”, subrayó Blanco, quien destacó que, más allá de la aparatología que se puede instalar en los domicilios (detectores de humos, de presencia y sensores de caídas, entre otros), articula una plataforma, a través de la llamada telefónica, que abre la posibilidad de las peticiones de citas, control de la salud, recordatorio de las citas y una interconexión con la historia clínica. Blanco explicó que durante la primera ola de la pandemia se realizaban 13.500 llamadas a la semana sustentadas en este servicio.
De este modo, Familia ya trabaja en la implantación de “una nueva e innovadora plataforma, capaz de integrar la atención social y sanitaria, con el objetivo de garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada”.
Esta herramienta tecnológica de atención permitirá prestar servicios más personalizados, con un modelo de datos centrado en la persona, en sus decisiones y preferencias, y en sus necesidades individuales, incorporando para ello soluciones innovadoras a través de las nuevas tecnologías. Todo ello permitirá “mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas, favorecerá la coordinación con otros servicios públicos sociales y sanitarios”. Igualmente, permitirá detectar mejor los problemas o emergencias de los usuarios mediante aparatos tecnológicos.
La Junta recordó que el servicio ofrece hoy “muchas más oportunidades de atención a personas vulnerables que residen en su domicilio, definiendo servicios integrales que aseguran la continuidad asistencial, a través de la puesta en marcha de procesos transversales focalizados en la gestión de casos, implantando modelos de atención integrales, integrados, preventivos, proactivos, personalizados y predictivos, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para complementar la atención presencial con la no presencial”.
Contrato único
Además, se establecerá un contrato único que permitirá “reorganizar las infraestructuras de prestación del servicio de teleasistencia integrando recursos, optimizar costes al aplicar la economía de escala, consiguiéndose extender la prestación del servicio a más usuarios con costes menos elevados, la homogeneización de los contenidos del servicio de teleasistencia en todo el territorio y para todos los ciudadanos”. Además, integrará el servicio de teleasistencia con el resto de prestaciones en la historia social única de la persona y garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada.
