Castilla y León contabiliza hasta octubre 1.543 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en 2020, el 93,5 por ciento de ellos, es decir, 1.444, pendientes de valorar. Otros 99 se encuentran en el “limbo” de la propia dependencia, con lo que es la Comunidad con la cifra más baja en este sentido, según expuso la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base al último MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia
ICAL. En España, los fallecidos en estos diez meses ascendieron a 47.201 personas en esta lista de espera (29.453 dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar). Así, la Asociación denunció que 160 personas mueren al día en el “laberinto burocrático” de la ley. “Después de casi un año del pacto de gobierno, el Ministerio no ha incrementado ni un solo euro la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia”, explicó la Asociación, quien criticó que “se está abandonando sin atenciones a las 376.707 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento”.
En el conjunto del país, 148.530 personas han fallecido con solicitud de dependencia, lo que equivale a “un exceso de mortalidad” de 40.065 personas en el Sistema (un incremento del 36 por ciento de la esperada), afectando al 2,1 por ciento del total de solicitantes.
Además, ocho de cada diez fallecidos tenía más de 80 años y el 42 por ciento se ha producido en personas con GRADO III. También se observa un impacto “muy elevado” en la mortalidad excesiva en personas atendidas en residencia (46.756 fallecidos), con un exceso de fallecimiento de 20.922 personas (8,4 por ciento del total de personas dependientes atendidas en residencias).
La tasa de dependientes fallecidos en residencia fue de 199,4 por cada 1.000. Las mayores se registraron en Madrid (293), Castilla-La Mancha (261) y Cataluña (237). Aragón, La Rioja, País Vasco y Castilla y León tuvieron un exceso de mortalidad de personas dependientes en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en total del periodo. Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha tuvieron un exceso de mortalidad mayor.
Por otro lado, la tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en España se sitúa en 94 por cada 1.000 para el periodo de marzo a septiembre, si bien en Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón superan los 111 fallecidos por cada mil atendidos.
“El impacto del Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias”, reprochó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Además, las tasas de variación a 31 de octubre de 2020 respecto a los datos de antes del estado de alarma son todas negativas: 34.607 personas con derecho a prestación pendientes de recibirla menos (12,9 por ciento de caída); 38.925 beneficiarias con derecho menos (2,8 por ciento); 52.750 solicitudes por debajo (2,8): y 4.318 personas beneficiarias con prestación menos (0,4 por ciento).
A juicio de la organización, “ni siquiera se mantiene la tasa de reposición y las listas de espera bajan no por ser atendidas, si no porque engrosan las de los cementerios”.
Además, el 27 por ciento de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia. Las comunidades donde se han incrementado en mayor parte son Cantabria (44,8 por ciento de las personas beneficiarias fallecidas contaban con atención residencial), Cataluña (39,1), Castilla-La Mancha (36,7) y Madrid (32,8 por ciento). Mientras, en las que es menor el porcentaje, destaca Castilla y León (sólo el 11,4 por ciento) y la Rioja (12,6).) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis.
La Asociación instó a aplicar medidas de “suspensión temporal y flexibilidad” del servicio o prestación “sin necesidad de resoluciones administrativas”, dado que, argumentó, los servicios sociales son una “inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos”. “El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes”, concluyó.
