El virrey empieza a quedarse desnudo

[dropcap]M[/dropcap]e comenta un asiduo seguidor de este espacio que encuentra cierta contradicción entre las tesis sostenidas en mis dos anteriores publicaciones. Y aparentemente es así, ya que mientras en la penúltima resaltaba que a partir de la llamada «cogobernanza» entre gobierno central y las comunidades autónomas el coste político derivado de la lucha contra la pandemia iba a pasar a ser compartido entre ambas Administraciones, en la siguiente se presentaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como un político refractario al desgaste, poco menos que incombustible.

Sin embargo, no creo que ambas observaciones sean contradictorias. Lo que ocurre es que igual que existe un decalaje entre el contagio del Covid-19 y la aparición de los síntomas de la enfermedad, también hay que dar tiempo al tiempo para comprobar cual es el coste político que acarrean para el gobierno de Castilla y León las medidas que ha tenido que comenzar a tomar para intentar frenar la desbocada expansión del virus durante esta segunda oleada. (A esta fecha somos la comunidad autónoma con mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días, con cerca de 800 casos, casi el doble del promedio nacional, y la propia Junta reconoce ya un total de 6.597 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia).

Ciertamente, Mañueco apenas ha sufrido desgaste desde que sobrevino la pandemia. Antes al contrario, la crisis de racimo (sanitaria, económica y social) provocada por el Covid-19 le ha reportado innegables beneficios políticos. De un lado, ha ocultado su inhibición ante los grandes problemas estructurales que aquejan a esta comunidad autónoma, tales como la despoblación, los desequilibrios territoriales internos y la desvertebración social y política. Nada se había hecho en esos frentes antes de irrumpir el Covid y nada se ha hecho durante la pandemia, como no sea agravar los males con medidas como la suspensión de la atención primaria presencial, que en el ámbito rural está siendo aprovechada por la Junta para ir imponiendo de facto el Plan Aliste, esa reforma que se propone liquidar la inmensa mayoría de los consultorios locales de Castilla y León).

Aparte de embarcarse unilateralmente en esa reforma de la atención primaria, con anterioridad a la pandemia el gobierno Mañueco emprendió una modificación legislativa para intentar sacar adelante los mapas rurales de la Ordenación del Territorio a costa de modificar las reglas de juego eliminando la mayoría cualificada de las Cortes hasta ahora requerida para ello. Todo ello a la vez que se incumplía el acuerdo firmado por el gobierno autonómico anterior para reponer la jornada laboral de 35 horas a los funcionarios y empleados de la Administración Autonómica. Y por si fuera poco lo anterior, ya en plena pandemia y en medio del aluvión de ERTES presentados por empresas y trabajadores autónomos, el consejero de Empleo, Germán Barrios, tiraba la toalla, harto de que el vicepresidente Francisco Igea le estuviera haciendo la vida imposible.

A todo esto, el gobierno Mañueco había renunciado a presentar unos nuevos Presupuestos propios para 2020, dedicándose a trampear la crítica situación de las arcas de la Comunidad a base de una segunda prórroga de los vigentes desde 2018, sin hoja de ruta alguna que fijara prioridades presentes y directrices de futuro. Para mayor inri, en este largo paréntesis presupuestario también hacía mutis por el foro el director general de Presupuestos, Armando Baeta, disconforme con los enjuagues presupuestarios del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya saben «ese-eterno-chico-bien-mandado- que-vale-igual-para-un-roto-que-para-un-descosido». (Para esta próxima semana que se anuncia por fin el Proyecto de Presupuestos para 2021, que, dada su larga tramitación parlamentaria, no estará listo para entrar en vigor el 1 de enero, lo que obligará temporalmente a prorrogar por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2018).

Pese a todo lo anterior y a su errática y caótica gestión desde el minuto uno de la pandemia, con decisiones tan temerarias como la de privar en un momento dado de hospitalización a los contagiados en las residencias de ancianos, el gobierno Mañueco -y menos aún el propio presidente- apenas se han visto erosionados a lo largo de estos últimos ocho meses. El estado de alarma decretado en marzo fue una decisión unilateral del presidente Sánchez y a partir de ahí el desgaste recayó casi en exclusiva en el gobierno central, cuya gestión ha venido siendo por otra parte no menos errática y caótica. Mañueco tuvo la habilidad de confundirse con el paisaje y si algún coste sufrió la Junta el mismo corrió a cargo de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y de la de Familia, Isabel Blanco, corresponsables ambas, tanto por acción como por omisión, de que las residencias de ancianos hayan devenido en unas ratoneras que se han cobrado más de 3.000 vidas (3.278 hasta el día de ayer) desde el inicio de la pandemia.

La inoperancia de la oposición socialista, que, en aras de una lealtad mal entendida profundamente desleal con el interés ciudadano, renunció a su obligación de fiscalizar la actuación de la Junta, ha contribuido a su vez a esa especie de patente de corso de la que ha gozado el gobierno Mañueco. El PSOE de Luis Tudanca, la primera fuerza política en las pasadas elecciones autonómicas, no sólo ha permanecido impasible ante los manejos y desmanes de la Junta, sino que incluso le proporcionó el aval de suscribir el llamado pacto para la «reconstrucción», un cheque en blanco que el gobierno Mañueco ha utilizado y sigue utilizando sesgadamente en beneficio político propio.

Añádase a todo lo apuntado el escudo protector que para Mañueco ha supuesto hasta ahora el inefable Igea, encantado con el papel de enfangarse con todos los marrones de la Junta y recibir directamente las bofetadas -por otra parte del todo merecidas- de de los sectores damnificados por las decisiones adoptadas en el Colegio de la Asunción.

Punto de inflexión y cruce del Rubicón.-  Pero era claro que la «cogobernanza» iba a poner fin a esta especie de inmunidad política de Fernández Mañueco. Ahora no es ya el gobierno Sánchez sino el que él preside el que se ve obligado a cerrar la hostelería, las grandes superficies comerciales y otras actividades, asumiendo directamente la responsabilidad de esas y de todas las demás restricciones, cierres perimetrales y toque de queda incluidos. Y ello ya marcaba un punto de inflexión. Pero cuando Mañueco ha cruzado el Rubicón ha sido al perpetrar a traición el pasado sábado un «decretazo» con su propia y única firma que supone poco menos que la militarización de los profesionales sanitarios de la comunidad. Una agresión incalificable precisamente a quienes se han estado jugando la vida -y algunos la han perdido, mereciendo algo más que las lágrimas de cocodrilo vertidas por la consejera- para salvar las de los demás desde que empezó la pandemia. Esta es la recompensa que tenía reservada la Junta a aquellos a los que ciudadanos aplaudíamos en reconocimiento y agradecimiento por su abnegada labor. Simplemente deleznable. Y todavía tenemos que escuchar al presidente de la Junta, consciente de su enorme metedura de pata, empeñando su palabra de que no se tomará ninguna medida sin previo acuerdo con la Mesa Sectorial de la Sanidad. Si es así, ¿a cuento de qué venía el «decretazo» y por qué no lo retira?

A partir de este error, forzado o no por el pirómano que tiene por vicepresidente, ya no son solo las dimisiones de la consejera Casado, cuyas tragaderas no conocen limite, o la de su tutor, el susodicho Igea, las que se piden. Todos los sindicatos del sector sanitario han salido en tromba exigiendo la del presidente de la Junta. Hasta el pastueño Tudanca le ha invitado a presentarla si no retira el «decretazo». Y se equivocan Mañueco y su corte de asesores/aduladores si creen que el blindaje mediático heredado de su antecesor le va a seguir protegiendo del desgaste. Como tampoco la insolvencia de la inoperante oposición. Tengo la impresión de que los trampantojos no aguantan ya el vendaval y que el virrey de Castilla y León no va a tardar en quedarse completamente desnudo.